No es inevitable

INMIGRACIÓN ILEGAL

La inmigración ilegal y sus consecuencias negativas, manifestada a veces de forma dramática con la muerte en las playas de los inmigrantes, son fruto, que duda cabe, de una situación geopolítica y socioeconómica más amplia que el entorno de nuestro propio país, lo que hace que los países más desarrollados sean un foco de atracción para aquellas personas que luchan por su subsistencia y quieren huir de la miseria de sus países de origen. La solución debe ser abordada conjuntamente por el Estado y las comunidades autónomas mediante políticas integrales e integradas, debidamente coordinadas, donde se combinen la prevención, la inserción social, la atención social y sanitaria, así como el control de los flujos de inmigración con las medidas de régimen interior que sean precisas. Ahora bien, la Consejería de Asuntos Sociales se ve en la obligación de denunciar que la política inmigratoria del Gobierno central se está reduciendo a aplicar medidas policiales y represivas, denuncia en la que están coincidiendo las ONG que desarrollan programas con estos colectivos, situando a las comunidades autónomas frente a hecho consumados y potencialmente muy graves. La Consejería de Asuntos Sociales lamenta la descoordinación de la Delegación del Gobierno central con la Junta de Andalucía, como por ejemplo en el hecho de que en un año y medio a través de los programas de acogida en Ceuta y Melilla se han enviado a la Península más de 1.770 inmigrantes, de los cuales 170 se han quedado en Andalucía, habiendo tenido conocimiento esta Consejería a través de quejas y denuncias de los municipios en los que se han derivado estos inmigrantes, habiéndose puesto en peligro todas las políticas preventivas de carácter social y sanitario ante el desconocimiento de su llegada. Todas estas afirmaciones pueden ser contrastadas por el delegado del Gobierno central, José Torres Hurtado, con las propias ONG que atienden a los inmigrantes, así como consultando las propias Actas del Foro Nacional de la Inmigración celebrado el día 25 del pasado mes de junio, donde la Junta de Andalucía denunció que la política inmigratoria del Gobierno central se estaba desarrollando a espaldas de las comunidades autónomas con los consiguientes riesgos sociales, sanitarios, incluso de brotes racistas y xenófobos, siendo admitida esta circunstancia por el director general del Inserso, Héctor Maravall. Según la Consejería de Asuntos Sociales, las discriminaciones del Gobierno central alcanzan a los propios inmigrantes, ya que para evitar conflictos en Ceuta y Melilla a través de los programas de acogida desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboración con diversas ONG, están facilitándoles documentación en unos 40 días para legalizar la situación de los inmigrantes que entran en nuestro país a través de estas dos ciudades, mientras que los inmigrantes ya asentados en nuestro país desde hace seis, siete y ocho años permanecen en situación de ilegalidad. Resulta inexplicable la afirmación de Torres Hurtado de que la llegada de los inmigrantes, la muerte de muchos de ellos en frágiles embarcaciones y el incremento de las mafias que se dedican a esta actividad, "una desgracia como otra cualquiera", en la que el Gobierno central no tiene nada que ver, limitándose a la aplicación de la Ley de Extranjería que en su día fue aprobada por el PSOE. Al señor Torres Hurtado debe habérsele olvidado la afirmación del señor Aznar relativa al traslado ilegal de inmigrantes a sus países de que "había un problema y ya está solucionado". En este sentido, habría que recordar al delegado del Gobierno que las normas jurídicas deben ser cumplidas por todos y que en la medida que responden a la realidad social de un momento determinado éstas deben ser adaptadas en la misma medida que la realidad cambia. Hoy es una realidad que la plena incorporación de España a la Unión Europea y la apertura de las fronteras ha producido un cambio social, político y económico que a su vez debe propiciar cambios en la legislación que regula la inmigración. Para avalar esta afirmación podrían citarse los cambios legislativos, la mayorías de las veces injustificadas, que está proporcionando el señor Aznar, aunque en otras ocasiones justificadas como la presente se cierran a cualquier modificación. Respecto a los inmigrantes menores de edad hay que exigirle al Gobierno central y a sus órganos policiales mayor celo en la averiguación de la verdadera edad, aplicando cuantos métodos científicos o técnicos sean necesarios para diagnosticar la verdadera edad de los mismos. Actualmente hay unos 100 menores internados sometidos a medidas de tutela, de los cuales se ha entregado un dossier a la Delegación del Gobierno para que se intensifiquen las medidas dirigidas a la averiguación de su edad y localización de sus familias por parte de la policía, dándose la paradoja de que muchos de ellos ingresan como menores y salen en poco tiempo como adultos, obligando a la comunidad autónoma a labores de investigación y localización de sus familias que son propiamente policiales. Lamentamos la falta de colaboración del Gobierno con la Junta de Andalucía para un desarrollo adecuado de una política de acogida a los inmigrantes en Andalucía. Se da la circunstancia de que en el último Foro Nacional de la Inmigración se rechazó por irrisoria la ayuda de 33 millones ofrecida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando la Junta de Andalucía con fondos propios está destinando actualmente más de 300 millones a esta finalidad. En esta línea de falta de colaboración política y económica rechazamos frontalmente la afirmación de que los andaluces tengamos que estar agradecidos ni a la Secretaría General de Asuntos Sociales, ni al ministro, ni al señor Aznar, ni al subsum corda cuando atienden las justas demandas de Andalucía, recordando la insoportable falta de respuesta del Gobierno central al cumplimiento y pago de la deuda histórica, el no reconocimiento de la población real de Andalucía y la injusta financiación de las comunidades autónomas. Para finalizar, la Consejería de Asuntos Sociales solicita que se rectifique el rumbo de la política inmigratoria, que se cuente con las comunidades autónomas, que se ajusten los cupos de inmigración a las necesidades reales y que se articulen los medios necesarios que eviten la repetición de los lamentables hechos luctuosos que se repiten cada día en nuestras costas.

Isaías Pérez Saldaña es consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.