Sancristóbal y los policías que vigilaron a Marey se quejan de la "extrema dureza" de las condenas

El ex gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, cuyo testimonio fue decisivo para la condena del ex ministro José Barrionuevo y la del ex director de la Seguridad Rafael Vera, y los policías de la Jefatura Superior de Bilbao que participaron en el secuestro de Segundo Marey, consideran "extremadamente duras" las penas impuestas en la sentencia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazó ayer la propuesta de la acción popular que solicitaba que se vigilara permanentemente a los condenados y que éstos tuvieran que presentarse todos los días en comisaría.

El Tribunal Supremo terminó ayer de notificar personalmente los condenados por el secuestro de Segundo Marey la sentencia que les impone un total de 88 años y 10 meses de cárcel, y que comenzará a ser ejecutada a partir de septiembre.La Sala Segunda, en una decisión conocida ayer, rechazó la imposición de medidas cautelares a los procesados, tal como había solicitado la acción popular del caso GAL. Esta acusación había pedido al tribunal que retirase el pasaporte a todos los condenados, que les obligase a presentarse diariamente en la comisaría más próxima a su domicilio y que se mantuviese sobre ellos una vigilancia permanente para prevenir una eventual fuga.

El ex gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, condenado a10 años de prisión, indicó ayer, al presentarse a recoger su sentencia en el Tribunal Supremo, que algunos de los policías deberían haber sido absueltos y otros, condenados a penas inferiores.

Sancristóbal anunció que pedirá el indulto "cuando lo considere oportuno" y que preparará junto a su abogado un recurso para presentar ante el Tribunal Constitucional. Comentó que hasta que la sentencia no se ejecute se irá de vacaciones con sus hijos y aprovechará para leer la resolución judicial con detenimiento. Aseguró que está preparado para ingresar en prisión cuando la sentencia sea firme, y que no necesita "una preparación psicológica" porque ya estuvo encarcelado nueve meses anteriormente.

Francisco Álvarez, ex jefe superior de policía de Bilbao, se quejó de que "un mal día el Gobierno nos pidió que participásemos en una operación especial y secreta y obedecimos. Al cabo de 11 años, otro poder del Estado nos pidió que dijéramos la verdad. Como consecuencia de obedecer esas dos órdenes nos han condenado y nos han privado de ejercer nuestra profesión, que era lo único que sabíamos hacer".

Álvarez, que dijo hablar en nombre de todos los policías, dijo que habían luchado entre 12 y 14 años por la paz en el País Vasco, "con riesgo propio" y de sus familias. Por tanto, pedirán medidas de gracia e instarán al Gobierno "a que arregle esta situación".

El abogado de Álvarez, Manuel Morilla, uno de los estrategas de la defensa que esperaban exonerar a los policías a costa de incriminar al ex ministro del Interior, José Barrionuevo y al ex director de la Seguridad Rafael Vera, presentó ayer un escrito solicitando el indulto de los nueve años y seis meses que el tribunal ha impuesto a su defendido.

El policía Juan Ramón Corujo, uno de los que participaron en la vigilancia de Marey en la cabaña de Colindres, señaló a los periodistas que no le preocupaba tanto ir a prisión "como perder las habichuelas, porque con 40 años es complicado encontrar otro puesto de trabajo". El policía agregó: "Ya ves, con 26 años te meten en un marrón que ha llegado hasta hoy".

El policía Luis Hens, que también vigiló a Marey en Colindres, calificó de "muy fuerte" para los policías el fallo judicial, porque rompe sus carreras profesionalesHens anunció su intención de "recurrir todo lo recurrible" y añadió: "Voy a seguir defendiéndome como gato panza arriba, porque esto aún no se ha terminado".

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido no promover recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia al estimar que es "jurídicamente correcta" aunque imponga penas menores a las que pedían al no haber apreciado la Sala el delito de pertenencia a banda armada. El fiscal José María Luzón pidió al Supremo penas que totalizaban 178 años de prisión, noventa años más de los que finalmente ha impuesto el tribunal en la sentencia. En cambio, el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, lamentó ayer que los procesados no hayan sido condenados por el delito de pertenencia a banda armada.

También recogió ayer la sentencia el ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo, condenado a nueve años y seis meses de cárcel; y los inspectores Julio Hierro y Francisco Saiz Oceja, a cinco años y seis meses.

Los abogados José Aníbal Álvarez y Andrés Planas, defensores de seis de los policías condenados, presentaron ayer varios escritos de aclaración a la sentencia, en la que aprecian "conceptos oscuros y equivocaciones importantes".

El Tribunal Supremo no resolverá los escritos de aclaración hasta septiembre y a continuación ejecutará la sentencia. Los abogados intentarán a partir de entonces evitar el ingreso en prisión de los condenados solicitando al Tribunal Constitucional que deje en suspenso la condena hasta que se resuelvan los respectivos recursos de amparo. Según fuentes jurídicas, los policías y antiguos cargos políticos de Vizcaya tienen un margen más estrecho para recurrir, ya que, en definitiva, han sido condenados por los hechos que confesaron haber cometido.