El Gobierno destina 80.000 millones a obras hidráulicas

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer un conjunto de obras hidráulicas que supondrán una inversión en Andalucía de 80.295 millones de pesetas. Las obras aprobadas se caracterizan por ser "absolutamente necesarias para una correcta planificación hidrológica tanto en las cuencas intercomunitarias como intracomunitarias", asegura el Gobierno en una nota de prensa, que añade que estas inversiones han sido calificadas "de interés general" por "las demandas existentes en amplios sectores de la población". Las obras incluyen la remodelación del río Guadalquivir a su paso por el término municipal de Córdoba, a la que se destinan 11.847 millones de pesetas; la conexión Negratín-Almanzora, con una partida de 12.190 millones; o la conexión entre la presa de Cuevas del Almanzora-Poniente almeriense, con 19.359 millones de pesetas. Además se destinan diversas partidas de dinero para las presas de Alcolea (8.736 millones) o la Colada (2.893), ambas en la cuenca del Guadiana, y a las de Canjayar y del Nacimiento, ambas de la Confederación Hidrográfica del Sur, para las que se invertirán en conjunto casi 12.000 millones de pesetas. Tal y como se recoge en la exposición de motivos de estas obras, es el Estado "el que debe abordar y financiar determinadas actuaciones hidráulicas, ya sea en su totalidad o en parte, dado su evidente carácter de interés general para la nación". Varias de las actuaciones previstas pretenden financiarse en parte con fondos comunitarios, motivo por lo que su licitación y posterior contratación es necesario que se realice "a la mayor brevedad posible, ya que de lo contrario resultaría inviable su inclusión en dicha fórmula de cofinanciación comunitaria", según asegura el Ministerio de Medio Ambiente en la nota difundida ayer. Las características concretas de las obras hidráulicas y las circunstancias que en ellas concurren aconsejan declarar su "utilidad pública", además de la urgente ocupación de los bienes afectados por su ejecución a los efectos previstos en la ley de Expropiación Forzosa.