Gil acuerda demandar por prevaricación a la comisión que le vetó el PGOU
El gobierno de Jesús Gil decidió ayer en pleno querellarse por un supuesto delito de prevaricación contra los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga que el día 20 acordaron rechazar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella por las deficiencias detectadas. El equipo municipal argumentó que este veto al plan ha provocado una "posible alarma" en promotores inmobiliarios, inversores y trabajadores. El número dos de Gil, el alcalde accidental, Pedro Román, calificó de "atropello, arbitrariedad e injusticia, que han querido aplicar los comisarios políticos", el rechazo al plan que deja supeditada la revisión a rehacer el PGOU. El edil esgrimió que la aplicación de la Ley del Suelo propicia el que se convierta en urbanizable todo el terreno que no tenga una protección especial: "Una injusticia no se repara con otra injusticia, sino con la aplicación de la ley vigente". En la propuesta, rechazada por los grupos de la oposición (PSOE, PP, IU y grupo mixto), se entiende que el veto al plan "ha violentado" la actual legislación al denegar, suspender y aprobar diferentes partes del PGOU y a la vez ordenar al Ayuntamiento la redacción de un texto refundido. El gobierno municipal considera que la Comisión de Urbanismo se arroga competencias de las que carece e invade otras propias de los tribunales y muestra su disconformidad con que la parte aprobada del plan quede suspendida hasta que se rehaga en su totalidad. El GIL cree que se adoptó una resolución arbitraria a sabiendas y que los funcionarios que dieron su apoyo prevaricaron. Zonas verdes El PSOE respondió en un comunicado que prevaricar "es eliminar zonas verdes en beneficio de la especulación y de los convenios de Gil con sus amiguetes y recalificar suelos forestales afectados por incendios". En el escrito piden a Gil que colabore con las instituciones y "que arregle los problemas que él mismo ha ocasionado". La edil socialista Isabel García Marcos calificó de "folclórico" el acuerdo aprobado por el gobierno de Gil, para acusarle de buscar "sembrar la confusión en la población". También el nuevo portavoz del PP, José Figueroa, se mostró contrario a la propuesta del GIL, al que culpó de crear "una situación complicadísima". Figueroa abogó por buscar soluciones soluciones antes que peleas con la Administración andaluza. El representante de IU, Antonio Martín, pidió al equipo de gobierno que aceptara la resolución de la Comisión de Urbanismo y tachó la revisión del PGOU como la suma de convenios urbanísticos. El ex edil del GIL Carlos Fernández también rechazó la propuesta del gobierno local. Por otra parte, el juzgado número 3 de Marbella rechazó ayer la paralización de 28 obras, solicitada por un colectivo ciudadano que las denunció por un presunto delito contra la ordenación del territorio. También decidió seguir adelante con las investigaciones penales, para las que el GIL había pedido su archivo. El Gobierno municipal se mostró satisfecho porque la juez rechazase la suspensión de las obras, al entender Gil que los denunciantes "quieren paralizar la ciudad como medio de ataque".
