Las universidades quieren que el Consell asuma el coste de los fondos Feder

En la recta final de las negociaciones del futuro Libro blanco del sistema público universitario valenciano, el capítulo financiero se presenta como el más espinoso. Además de la estrategia común impulsada por los vicerrectores de Economía y gerentes para que la Generalitat eleve el techo de la subvención corriente, éstos quieren que el Consell se comprometa a asumir el coste de los fondos Feder europeos para investigación, de los cuales las universidades están obligadas a cofinanciar un 33% del total.

Ésta es una de las propuestas que en estos momentos barajan los equipos económicos de las cinco universidades públicas valencianas. Según el vicerrector de Investigación y Planificación de la Universidad Jaume I de Castellón, Francisco Toledo, el hecho de que la institución académica tenga que cofinanciar 72 millones de pesetas -un 33% de los 320 millones que recibe de fondos Feder para investigación- contribuye a estrangular los de por sí ajustados presupuestos de las universidades valencianas. En su opinión, que es compartida al menos por las universidades de Alicante y de Valencia, la Generalitat debería de comprometerse a asumir este coste, que acaba saliendo de la subvención nominativa por alumno que recibe cada institución. Una subvención, que según los datos hechos públicos por el Consejo de Universidades y los rectorados valencianos, está por debajo de la media nacional. Otro de los puntos peliagudos que se ha puesto sobre la mesa durante las negociaciones, ha sido el de los convenios y los contratos de I+D que la Generalitat establece por separado con cada universidad. El hecho de que hasta ahora la Universidad Politécnica de Valencia sea la más beneficiada, alcanzando un alto volumen de contratos de innovación y transferencia de tecnología con la Administración autonómica (que anualmente ronda los 1.700 millones), mientras que en los últimos dos años los convenios con las Universidades de Alicante y de Valencia han descendido y son prácticamente nulos con la Jaume I de Castellón, ha reabierto el debate sobre la falta de transparencia en la gestión del Consell. Estas universidades pretenden que el Libro blanco sirva para que la Generalitat se comprometa a fijar de forma transparente y en base a criterios objetivos las condiciones de adjudicación de los contratos. Por otra parte, el modelo de financiación provocó ayer el enésimo altercado en lo que va de curso entre la dirección general de Universidades y el equipo rectoral de la Universidad de Alicante, que dirige Andrés Pedreño. La directora general Carmen Martorell acusó a Pedreño de realizar supuestos "contratos irregulares" de personal docente asociado. Martorell aseguró que ya ha solicitado "por escrito" toda la información al respecto, y que hasta el momento no ha recibido nada.