El pago de 9.400 millones a 5.000 afectados marca el final del "caso Tous"

Casi 16 años más tarde, y después de tres juicios, el caso Tous parece llegar a su fin. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, anunció ayer que el Ejecutivo pagará, a partir del próximo lunes, cerca de 9.400 millones de pesetas a los aproximadamente 5.000 afectados por la pantanada que reclamaron sus derechos por la vía judicial. González Cepeda anunció que el Gobierno negociará con algunos perjudicados nuevos pagos.

El delegado del Gobierno aseguró, en un discurso plagado de críticas a la irresponsabilidad de los socialistas en el caso Tous, que la Delegación del Gobierno ha articulado un sistema de cobro rápido y agil. Los cerca de 5.000 damnificados que, según la sentencia de la Audiencia de Valencia del pasado 27 de febrero, tienen derecho a cobrar unos 9.400 millones de pesetas, deberán acreditar su identidad y su derecho a indemnizaciones en Valencia ante la Delegación del Gobierno. Ésta trasladara toda la información a la sección tercera de la Audiencia, que será la instancia encargada de depositar, mediante transferencia bancaria, el dinero en la cuenta corriente de los indemnizados, que se verán resarcidos de las pérdidas materiales y morales que sufrieron hace más de tres lustros, el 20 de octubre de 1982. González Cepeda, que reiteró hasta la saciedad, en un ambiente ya preelectoral, la "voluntad política" de todas las administraciones gobernadas por el PP de resolver los conflictos generados por la pantanada, incidió en la rápidez con la que se afrontarán los pagos, en principio, en plazos inferiores a un mes. Para ello la delegación del Gobierno dispondrá, desde el próximo lunes, de un gabinete administrativo exclusivamente dedicado a los perceptores de las indemnizaciones. No obstante, el delegado del Gobieno no quiso o no pudo aclarar si los 5.000 afectados incluídos en la sentencia de la Audiencia de Valencia, en su práctica totalidad vecinos de la comarca de la Ribera, verán satisfechas las compensaciones con los intereses de demora. "Si tienen derecho a intereses, los cobrarán", insistió. La sentencia, hecha pública el pasado 27 de febrero, concedía al Estado un plazo de tres meses para afrontar los pagos. Transcurrido ese periodo, las compensaciones se verían incrementadas con el tipo de interés legal vigente, actualmente, el 4.25%. Los abogados de los damnificados creen que sus clientes deben cobrar intereses, en cualquier caso, mínimos. Además, González Cepeda aclaró que con la conclusión del pago de estas indemnizaciones, el Gobierno abrirá una ronda de negociaciones con las asociaciones de damnificados por la pantanada, Afiva y Apemeda, para intentar equiparar las compensaciones percibidas por los afectados que agotaron la vía penal con las de aquellos que, por contra, se acogieron a las ayudas concedidas por el gobierno socialista en sendos decretos-ley, muy inferiores a las marcadas por el fallo judicial. "Es evidente que las diferencias establecidas entre ambos grupos generan una clara injusticia, y el Gobierno y la Generalitat tienen el deseo de compensar y reparar ese agravio comparativo creado por los anteriores gobernantes". UV arremete contra el PP Sin embargo, UV no cree en las promesas de su socio de gobierno en la Generalitat. Un informe realizado por el gobierno central reconoce la existencia de un "profundo agravio comparativo" entre el colectivo de damnificados beneficiado con las indemnizaciones fijadas por la Audiencia y los 28.000 perjudicados de la Ribera que aceptaron en su día, en 1993 y 1995 los convenios transaccionales ofrecidos por la Administración, entonces dominada por el PSOE. Este informe, que aireó ayer el diputado nacional José María Chiquillo en Alzira, recoge que los 5.000 damnificados que optaron por la vía judicial percibirán cantidades "dos y tres veces superiores" respecto a los que escogieron la vía administrativa. Chiquillo acusó al PP de "engañar a 28.000 damnificados por no promulgar el tercer decreto-ley" que equiparará en los criterios indemnizatorios a ambos colectivos de afectados por la pantanada, informa Xavier Espanya. El diputado regionalista, que duda de la efectividad del anuncio de González Cepeda, arremetió contra el PP por incumplir su compromiso con miles de damnificados y practicar electoralismo, al hacer coincidir de forma maliciosa los pagos con la próxima campaña electoral.