El taller derrumbado no tenía proyecto de obras

Antonio Urbano Ramos, propietario del taller de confección del Veredón de los Frailes (Córdoba) en el que murió una trabajadora y otras 19 personas resultaron heridas al desplomarse el techo de la nave industrial, carecía de proyecto técnico de obras para ampliar la nave y no tenía dados de alta a sus trabajadores, según afirmó ayer su abogado, Juan Muñoz Saro. El juez Juan Luis Rascón, en funciones de instructor de guardia, decretó ayer la libertad con fianza de un millón de pesetas para Urbano, al que se le han abierto diligencias por cuatro supuestos delitos: homicidio con imprudencia, lesiones con imprudencia, contra la seguridad de los trabajadores y contra la ordenación del territorio, por levantar ese taller en un lugar donde no permite la construcción de naves industriales. Urbano fue detenido el miércoles por la noche por la Guardia Civil y puesto en libertad tras prestar declaración y con la obligación de personarse ante el juez. El propietario encargó la obra de ampliación sin contar con un proyecto técnico y los trabajos de construcción lo realizaron un oficial de primera de albañil y un maestro herrero que diseñó las formas de la instalación, según su abogado, quien añadió que Urbano había encargado el proyecto a un perito después de haber ejecutado la obra y que los trámites para su legalización estaban en marcha. Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, dijo que en ese departamento no consta solicitud de permiso de obras. Indicó que el Ayuntamiento decretó en 1994 la suspensión y paralización de las obras de la primitiva nave de este taller, pero cuando se le notificó el expediente la obra ya estaba acabada.