La mayoría de la Comisión Europea apoya un nuevo acuerdo de asociación interregional con Mercosur
La mayoría de los miembros de la Comisión Europea se manifestó ayer a favor de un nuevo acuerdo de asociación interregional Unión Europea-Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia), propuesto por el vicepresidente, Manuel Marín.Este pacto dará inicio a las negociaciones concretas para establecer una zona de libre cambio, tras los acuerdos de 1995 y 1996, que han posibilitado su preparación técnica y han establecido la complementariedad de ambas economías. Las resistencias provinieron del grupo de presión proteccionista-agrario: los dos comisarios franceses (Edith Cresson e Yves-Thibault de Silguy) y el de Agricultura, Franz Fischler. Éste pidió una prórroga de una semana para analizar el impacto de la liberalización en el mercado agrícola europeo. Se acordó que la decisión será adoptada el próximo día 22.
Es la primera vez en que una unión aduanera regional se unirá con otra unión aduanera del mismo tipo. Desde Europa, el interés estriba en privilegiar las relaciones con una zona emergente, que ha resistido la crisis del sureste asiático, que ha registrado en seis años un aumento de las importaciones europeas cifrado en un 250%, y que absorbe (junto con el resto de América Latina) un tercio de las inversiones directas exteriores de la UE. Un botón de muestra: Airbus ha firmado su mayor contrato para la venta de 199 aviones con las compañías de bandera brasileña, chilena y uruguaya.
El lobby agrícola proteccionista, que quedó ayer en minoría en la Comisión, viene reaccionando en los últimos años de la misma manera contra cualquier proyecto de liberalización comercial con otras zonas. Primero pide un estudio de impacto en la agricultura europea, para alargar el proceso; después exhibe cifras catastróficas sobre el aumento del coste que esa liberalización supondrá en la política agrícola común (PAC); finalmente, vota en contra, y acaba perdiendo.
En este caso, sus posibilidades son mínimas, pues todos los comisarios procedentes de los países con mayor peso de la agricultura en su PIB, salvo los franceses, se han mostrado a favor.
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