El fiscal Luzón dice que sin Barrionuevo y Vera "no habría sido posible la guerra sucia"

El fiscal del caso Marey, José María Luzón, aseguró ayer en su informe final ante el tribunal que sin el "asentimiento" del ex ministro del Interior José Barrionuevo y del ex director general de la Seguridad Rafael Vera "no habría sido posible la guerra sucia" contra ETA. Luzón elevó a definitiva la petición de 23 años de cárcel para cada uno de ellos en un durísimo informe acusatorio plagado de sarcasmos. En cambio, dijo que las denuncias hechas por un partido -no citó al PP- exigiendo responsabilidad política y penal son parte "de la lucha política" y propuso un indulto parcial para quienes vigilaron a Marey.

El fiscal Luzón consideró "inverosímiles" las irregularidades atribuidas al juez Baltasar Garzón por un sector de los procesados durante la instrucción de la causa; rechazó la existencia de una confabulación para desplazar al PSOE del poder y negó la posibilidad de que a Amedo y Domínguez se les hiciesen promesas de indulto para confesar, ya que se encontraban en tercer grado penitenciario cuando acudieron "voluntariamente" ante el juez.Luzón pidió un total de 178 años de prisión para los 12 procesados por los delitos de pertenencia a banda armada, secuestro bajo condición y malversación de fondos reservados. Las principales penas reclamadas son de 23 años para el ex ministro José Barrionuevo y el ex director de la Seguridad, Rafael Vera; 22 años para el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal; 21 para el responsable de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez y 16 para el ex secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea

El fiscal rechazó que las actuaciones pudiesen estar viciadas de nulidad por supuestas presiones del juez Garzón sobre los procesados, tal como han invocado las defensas de Barrionuevo, Vera y Michel Domínguez: "Lo que resulta de la instrucción, en cambio, es que diez de los doce procesados estaban deseando romper su silencio y lo rompieron".

También rechazó que el juez Garzón hubiese actuado por frustración o resentimiento y llegó a calificar de "inverosímiles" las imputaciones del presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sobre las supuestas amenazas del juez acerca de que Felipe González se acordaría "toda la vida" si no le hacía ministro.

También dijo que carecía de fundamento y no se desprendía del sumario que hubiese enemistad entre Garzón y Vera. A juicio del fiscal, Vera ha invocado "su propio sentimiento" contra Garzón sin que se haya acreditado que el sentir del juez sea recíproco. El fiscal recordó que la propia Sala Segunda calificó en uno de sus autos de "atípica instrucción de derechos" los supuestos abusos del juez denunciados en su día por alguno de los procesados y rechazó que Garzón hubiese tenido "en modo alguno", interés directo en la causa, "excediendo del que deriva de un celoso cumplimiento del deber" por parte del instructor.

Durante su informe, Luzón descalificó la supuesta conspiración para derribar al Gobierno del PSOE con el caso GAL, tal como han manifestado algunos testigos y acusados. Sin mencionar al PP, el fiscal sostuvo que el hecho de que un partido político en la oposición denuncie responsabilidades políticas o incluso penales para influir en las elecciones "forma parte de la lucha política en cualquier democracia".

En suma, "ninguna causa de nulidad apreciamos en este sumario" dijo Luzón, para quien los procesados confesaron "libre y voluntariamente". El fiscal, que en ningún momento citó por su nombre al vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos, negó que de lo actuado resulte que se hayan hecho a los procesados "promesas, o algo más que promesas para confesar".

El fiscal detalló después los delitos por los que solicita la condena de los acusados. Respecto al de pertenencia a banda armada, que había quedado casi olvidado en los interrogatorios, enunció sus características de organización estable con vocación de permanencia para producir terror al menos en un sector de la sociedad: "El terrorismo de Estado determina un quebrantamiento del Estado de derecho y el terror que produce no es necesario que afecte a toda la sociedad". Luzón redondeó su argumento diciendo que el mayor atentado que se puede cometer contra un país, que es un golpe de Estado, "goza incluso del aplauso de un sector social y ello en modo alguno lo legitima".

El fiscal añadió que sin el asentimiento de Barrionuevo y Vera no habría habido guerra sucia y los demás procesados no habrían dispuesto de medios económicos para llevarla a cabo. A García Damborenea le tildó de "ideólogo del grupo" cuya participación fue "fundamental" en la fase de "preparación del ambiente".

Luzón atacó encarnizadamente a Barrionuevo y Vera por negar los hechos: "Las declaraciones de los demás procesados son coherentes, pero Vera y Barrionuevo se obstinan en negarlos. Vera niega antes, durante y después haber entregado el dinero. Barrionuevo hace un brindis al sol, impropio de un abogado, para asumir toda la responsabilidad a cambio de pactar no se sabe qué medidas con este ministerio fiscal".

Respeto al superior

Arrastrado por su propio argumento, Luzón llegó a afirmar que, en contraste con las negativas de Barrionuevo, sus subordinados han demostrado hacia él "cariño y respeto" en vez de resentimiento e incluso Damborenea ha dicho que "si está vivo es por él".En cuanto al delito de malversación, el fiscal aseguró que Rafael Vera "sustrajo" un millón de francos de los fondos reservados con el "conocimiento"de Barrionuevo, y recordó que uno de los fines de esta partida era combatir el terrorismo pero "en modo alguno financiar acciones ilegales".

El fiscal se mostró partidario de que la sentencia incluya una propuesta de indulto parcial para los "bisoños" de la operación, en referencia a los policías de más baja graduación acusados. Aunque no los mencionó, la propuesta podría incluir a Luis Hens, Jose Ramón Corujo, Michel Domínguez y Francisco Sáiz Oceja.