Reserva justificada

Al emitir su preceptivo informe sobre la candidatura de Jesús Cardenal como fiscal general del Estado, el Consejo General del Poder Judicial expresó su reserva sobre la idoneidad del candidato propuesto. No cabía duda, desde una perspectiva formal, de que Jesús Cardenal reunía los requisitos para acceder al cargo. Pero sí existían dudas fundadas acerca de la sintonía del candidato con el sistema de valores de la Constitución Española en el que se fundamenta nuestra convivencia. La trayectoria de Jesús Cardenal no acreditaba que fuera la persona apropiada para ser el fiscal general de un Estado democrático de derecho.El informe del Consejo fue recibido con indisimulado desagrado por el Gobierno, que llegó a acusarlo de haberse extralimitado en sus funciones, ya que, en su opinión, la tarea del Consejo tenía que limitarse a la verificación reglada de la concurrencia en el candidato de los requisitos para ser nombrado. Cualquier juicio de oportunidad suponía una invasión de la competencia del Gobierno y no debería haberse producido.

Los hechos, sin embargo, han venido a demostrar que el Consejo General del Poder Judicial tenía razón. La conducta tanto personal como profesional de Jesús Cardenal ha dejado claro que la reserva estaba más que justificada.

Su actuación personal sólo puede ser calificada de mezquina. No sólo se ha negado durante mucho tiempo a convocar la plaza de fiscal jefe en el País Vasco, sino que ha dado lugar a que el Gobierno vasco le tuviera que reclamar que abandonara la vivienda que estaba ocupando indebidamente en Bilbao, sin importarle lo más mínimo el deterioro del servicio por su primera decisión y el de la imagen de la Fiscalía por la segunda. Resulta difícil creer que una persona capaz de un comportamiento tan miserable pudiera ser elegida para fiscal general del Estado.

Pero es, sobre todo, su comportamiento como fiscal general del Estado lo que resulta intolerable. No dispongo de espacio para relatar todas sus hazañas. Con algunas es suficiente.

1ª. Enfrentamiento con el Consejo Fiscal y con la Junta de Fiscales de Sala por el nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. La Junta de Fiscales llegó a calificar tal decisión como la mayor agresión al Estado de derecho desde la aprobación de la Constitución.

2ª. La justificación del dictamen de Eduardo Fungairiño sobre la competencia de la justicia española para entender de la guerra sucia en Argentina y Chile, en el que se sostenía la tesis de la "suspensión temporal" del orden constitucional.

3ª. Su intervención parlamentaria como consecuencia de dicha defensa, en la que llegó a faltar el respeto a los parlamentarios que le preguntaban.

4ª. Y, por último, su intervención en el mal llamado caso Sogecable. ¿Cómo es posible que, con un informe en su poder de la Secretaría General Técnica en el que se afirma que no hay delito y tras haber impartido unas órdenes coherentes con dicho informe, pueda defenderse la actuación de unos fiscales que se apartaron de ellas? ¿Se les hizo saber que esa era pro forma la posición de la Fiscalía, pero que materialmente podían hacer lo que les diera la gana, en la seguridad de que después iban a ser apoyados por el fiscal general? ¿Y qué decir de su posición respecto del procesamiento de Javier Gómez de Liaño y de su suspensión por el Consejo? ¿Obedece su actitud a la reserva manifestada en su día por el Consejo a su nombramiento?

La verdad es que la actitud del fiscal general del Estado es una vergüenza nacional. Para la propia Fiscalía, en primer lugar. Para el Gobierno, después. Y para todos, en último lugar. Pues la conducta del fiscal general del Estado, aunque sea indigna de ese título, a todos nos afecta.