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Tribuna:

Una solución milagrosa

Generalmente hay que desconfiar de las soluciones milagrosas, sobre todo en política: la demagogia consiste precisamente en dar respuestas simples a problemas complejos. Pero a veces la solución de un problema no se encuentra o no se acepta precisamente porque es demasiado sencilla y transparente.Los sistemas políticos de las democracias occidentales atraviesan una crisis que se agrava con el paso de los años. No se trata de ser alarmistas: las instituciones democráticas no están en peligro, pero sí su credibilidad ante la ciudadanía. El ejemplo reciente del auge de la extrema derecha en Francia responde sin duda a causas muy diversas y profundas, como el miedo a la globalización de la economía y la marginación social de capas enteras de la población. Pero la abstención y el voto a partidos antisistema, en Francia como en otros países, reflejan sobre todo un distanciamiento creciente de los ciudadanos respecto de su clase política: la gente se abstiene o busca alternativas a la política tradicional porque no se siente correctamente representada por sus gobernantes. Es indispensable invertir esta tendencia para recuperar la credibilidad de nuestros sistemas de gobierno.

Las razones principales de este distanciamiento no son sólo, en mi opinión, las que se esgrimen habitualmente: las gentes pueden comprender perfectamente que su clase política no tenga la capacidad de resolver milagrosamente problemas sociales tan profundos como el paro o el futuro del Estado de bienestar. Pero los ciudadanos están cansados de ver siempre las mismas caras, de que les gobiernen desde hace demasiado tiempo las mismas personas cada vez más desprovistas de ideales, de ideas y de energía. Por eso, últimamente quienes ganan las elecciones suelen ser las caras más nuevas y no los programas más convincentes.

No tiene por qué haber más cínicos en la política que en otros ámbitos: muchos políticos, sin duda la gran mayoría, llegan al poder ejecutivo o legislativo con una voluntad sincera de mejorar la suerte de sus conciudadanos y con el convencimiento de poder hacerlo mejor que sus predecesores. Muchos lo consiguen en los primeros años de su mandato, pero ninguno mantiene esa capacidad indefinidamente.

El verdadero drama del poder no es la soledad de la que tanto se quejan los políticos en ejercicio, sino la pérdida de sentido crítico. Poco a poco, las voces críticas que rodean al gobernante o al legislador se apagan, porque es más rentable, cómodo y prudente decirle a quien manda lo que quiere oír. Poco a poco, el ejercicio del poder crea servidumbre, compromisos, rencores: gobernar ya no es un medio, sino un fin.

Cualquier observador reconoce fácilmente y denuncia este fenómeno de anquilosamiento en las dictaduras. En las democracias suele aducirse que el veredicto de las urnas es un antídoto adecuado contra la tentación de aferrarse a los cargos. Pero la realidad es que los mismos políticos de los mismos partidos permanecen durante décadas o se suceden en el poder en un juego de sillas musicales.

La naturaleza es tal que ni siquiera los líderes más geniales mantienen el vigor y la integridad intelectual durante mucho tiempo. Alejandro Magno supo arrastrar con su liderazgo a 50.000 hombres a lo largo de 5.000 kilómetros, desde Macedonia hasta Karachi; pero al final de su corta vida, su obcecación con el poder fue tal que perdió tres cuartos de su tropa y, a su muerte, sus compañeros tuvieron tanta prisa por repartirse los despojos que le dejaron sin sepultura durante siete días.

Una solución «milagrosa», aunque sin duda no suficiente, es limitar por ley los mandatos de todo cargo público electivo a un máximo de dos legislaturas consecutivas, tal como prevé la Constitución de Estados Unidos únicamente para su presidente. No se resolverán todos los problemas, pero los afrontaríamos con más energía y representatividad: cabe esperar que caras y categorías nuevas aportarían también ideas y sensibilidades nuevas.

Antes de descartar esta fórmula por simplista conviene anticipar las críticas. Lo primero que suele objetarse es que sería injusto y perjudicial para un país privarse de dirigentes competentes y queridos por el pueblo. De acuerdo. Pero la experiencia demuestra que, al cabo de ocho o diez años, los gobernantes más brillantes ya no son admirados, sino meramente soportados: se mantienen, democráticamente eso sí, porque utilizan los resortes del poder y los medios de comunicación para emascular a la oposición o presentar bajo una luz favorable sus propias acciones. Es difícil citar un líder, un parlamentario o un alcalde que haya dado lo mejor de sí después de una década de ejercicio ininterrumpido de su cargo. Y si tan indispensable es un dirigente, nada le impediría volver a presentarse a un cargo público y ser reelegido después de una cura de obligado y merecido reposo.

Si Margaret Thatcher o Felipe González, para poner solamente dos destacados ejemplos de ideología dispar, se hubieran retirado por imperativo legal después de dos legislaturas, hoy serían recordados como grandes estadistas y no como gobernantes a quienes hubo que relevar; quizá sus conciudadanos les darían incluso una segunda oportunidad. Como no supieron irse, porque por encima de todo son humanos, la ley debería haberles obligado a ello por su bien y por el de todos.

También suele decirse que la experiencia de los individuos es demasiado importante como para tirarla por la borda y que la profesionalidad es una garantía contra la corrupción. Sobre lo primero, baste recordar que la falta de experiencia en el poder no suele disuadir a los políticos de la oposición de luchar por él. No hay mejor aliciente para concentrarse en un proyecto político que tener un plazo limitado para realizarlo. Sobre lo segundo, los hechos demuestran que con la permanencia en un cargo público la falta de escrúpulos y las tentaciones aumentan en lugar de atenuarse; en cualquier caso, no se lucha contra la corrupción perpetuando la clase política, sino mediante mecanismos de control democrático. A los cargos públicos no se les debe exigir que sean geniales, sino que se parezcan en sus ideales y ambiciones a los ciudadanos que les han elegido sin formar una casta aparte.

Si la limitación de mandatos es una solución tan sencilla, ¿por qué nadie la aplica? Porque éste es uno de los pocos temas sobre los que tanto los políticos que ostentan el poder como aquellos que esperan sustituirles algún día están de acuerdo: no les interesa este tipo de milagros. Pero si realmente se preocuparan por su propia memoria y por el interés general aprenderían de la experiencia de Alejandro Magno que una retirada a tiempo es una victoria.

Xavier Prats Monné es sociólogo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de junio de 1998