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El Congreso cita a Cardenal para que explique su actitud con Liaño

La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó ayer la comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, solicitada por el Grupo Socialista, para que informe sobre el respeto a los principios de legalidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones. Esa petición está relacionada con la actitud de Cardenal con el instructor del sumario del llamado caso Sogecable, Javier Gómez de Liaño. Cardenal, en una decisión insólita, recomendó al Poder Judicial que no apartara a Liaño de su puesto en la Audiencia Nacional, en tanto no fuese firme el procesamiento contra él por tres delitos de prevaricación acordado por el Tribunal Supremo. 17 miembros del Poder Judicial votaron a favor de la suspensión de Liaño como juez, cuatro se abstuvieron y ninguno avaló el criterio de Cardenal.Como el actual periodo de sesiones termina a finales de este mes, es muy probable que la comparecencia del fiscal general no se produzca hasta septiembre.

La Mesa admitió la solicitud del Grupo Socialista, pero no una petición similar de los diputados de Nueva Izquierda y de Iniciativa per Catalunya, que habían relacionado explícitamente la comparecencia de Jesús Cardenal con la actuación de Javier Gómez de Liaño en la querella contra Sogecable, mientras que el PSOE formuló un planteamiento genérico, sin referencias concretas.

La Mesa, según las mismas fuentes, no admitió esta solicitud por tratarse del criterio que el fiscal general del Estado ha mantenido ante un procedimiento judicial concreto, mientras que la del PSOE fue formulada con un planteamiento genérico. El Grupo Socialista pidió que Cardenal informe sobre el respeto a los principios de legalidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, y que dé cuenta del seguimiento e instrucciones de actuación que dio a los fiscales de la Audiencia Nacional en función del principio de unidad y dependencia jerárquica.

El informe del Gobierno

Además de esta comparecencia, el PSOE ha solicitado que se remita al Congreso el informe que encargó "un secretario de Estado o un alto cargo del Gobierno" sobre Sogecable antes de que se presentara en el juzgado la denuncia por esa empresa. Según los socialistas, este informe sirvió de base para la denuncia posterior, según declaró ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional el decano del Colegio de Economistas.Por otro lado, el Tribunal Supremo ha dado un plazo de 10 días para que el polémico querellante contra Sogecable, Javier Sainz Moreno, preste una fianza de un millón de pesetas para que ejerza la acción popular contra el juez Javier Gómez de Liaño. El mismo plazo y cantidad ha sido exigido a Ramón Mendoza para ejercer la acusación. Otro de los acusadores contra Sogecable, Benito Garrido, que ahora pretende personarse contra Liaño, debe subsanar defectos formales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de junio de 1998