Carta abierta al presidente de la Junta

Señor presidente: Creemos que el reciente desastre ecológico habido en las cercanías de Doñana nos debe servir para meditar sobre la responsabilidad que los gobernantes tienen sobre la conservación del patrimonio natural. Organizaciones ecologistas advirtieron insistentemente sobre los peligros que representaba la existencia de la balsa de vertidos de la mina de Aznalcóllar, pero su Gobierno no le hizo ningún caso. Nuevamente, organizaciones ecologistas y vecinales, así como altos funcionarios de la propia Consejería de Medio Ambiente de su Gobierno vienen señalando un nuevo peligro que las autoridades andaluzas se empeñan en ignorar. El Ayuntamiento de Marbella tiene pendiente de aprobación la revisión de un Plan General de Ordenación Urbana que pone en peligro las escasas playas vírgenes del término municipal, destruye bosques y acaba con más de medio centenar de zonas verdes o destinadas a servicios públicos. Este plan va a contrapelo de la tendencia que se sigue en los países más avanzados y en algunas zonas de España, como Baleares, en las que se ha decidido no sólo no aumentar las edificaciones sino, incluso, derribar edificios. Organizaciones ecologistas y vecinales de Marbella han denunciado decenas de construcciones levantadas ilegalmente sobre zonas verdes y de servicios públicos, en algunas de las cuales existen ya grandes edificios. A pesar de la notoriedad de estas infracciones, la Consejería de Obras Públicas de su Gobierno no había dictado ninguna sanción, en una actitud que ecologistas y organizaciones vecinales vienen calificando de "sospechosamente cómplice" con el Ayuntamiento que preside Jesús Gil. Recientemente, y a pesar de los informes jurídicos presentados por altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de las protestas de organizaciones ecologistas y vecinales, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha exonerado al Ayuntamiento de Marbella de la obligación de realizar un estudio que evalúe el impacto ambiental de dicho plan. Para ello, la Consejería de Obras Públicas se basaba en unos informes jurídicos que eran refutados por otros informes presentados por la Consejería de Medio Ambiente, a los que no se han hecho ningún caso. Creemos que más vale actuar ahora que lamentar los desastres cuando no haya solución. Usted, señor Chaves, tiene que reflexionar sobre la responsabilidad que tiene al administrar, como presidente de la Junta de Andalucía, el futuro de este patrimonio natural. Usted tiene la obligación de investigar las causas por las que la Consejería de Obras Públicas ha estado ignorando las infracciones urbanísticas habidas en el término municipal de Marbella y comprobar si la pasividad de este departamento tiene por causa la corrupción, como sospechan las organizaciones ecologistas y vecinales. Actúe rápidamente. Aún está a tiempo de no tener que enterarse por los periódicos. Como primera medida, le pedimos que la Consejería de Obras Públicas dé marcha atrás y acepte el recurso presentado a favor de la exigencia del estudio de impacto ambiental del nuevo PGOU de Marbella. Y, sobre todo, no olvide que, como gobernante, una de sus principales obligaciones es la de que al término de su mandato el patrimonio natural de los andaluces siga siendo al menos tan rico como cuando usted accedió a la Presidencia. No se olvide de que usted administra una riqueza de siglos que la corrupción y la codicia de unos pocos políticos y especuladores están poniendo en peligro. Con el deseo de que esta carta le ayude a meditar y a actuar con consecuencia, reciba un saludo.- Rafael Ballesteros, Félix Bayón, Felipe Benítez Reyes, Juan Bonilla, José Manuel Caballero Bonald, José Ignacio Díaz Pardo, Luis García Montero, José Antonio Garriga Vela, Almudena Grandes, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, Justo Navarro, Rafael Pérez Estrada, Domi del Postigo, Antonio Soler, Juvenal Soto, Alfredo Taján y Maruja Torres.