Una ley necesaria

Ahora que el debate sobre la Ley de Cajas de Ahorro se encuentra en su recta final, parece deseable exponer las razones de esta nueva ley, que en breve regulará la mitad del mercado financiero andaluz. ¿Cuál es el actual marco monetario y financiero? Las sucesivas reformas del sistema financiero español, al amparo de los acuerdos del Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht, han supuesto un cambio trascendental para todas las instituciones financieras. El control de la cantidad de dinero, ahora en euros, y de los tipos de interés se transfiere al Banco Central Europeo; el mantenimiento del tipo de cambio se transfiere al Sistema Europeo de Bancos Centrales siguiendo los dictados del Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Hacienda), y al Banco de España le queda la misión de regular el mercado financiero interno, en lo relativo a la solvencia y liquidez de las instituciones y a la organización del negocio bancario. Teniendo en cuenta además que el BCE y todos los Bancos Centrales nacionales operan bajo el principio de autonomía frente al poder político y que el mercado bancario funciona en régimen de libre mercado. ¿Quién puede articular una política crediticia en el ámbito financiero? Con este nuevo sistema, la posibilidad de articulación de una política crediticia resulta del todo imposible para el Estado, salvo que se realice mediante una institución de crédito oficial financiada con recursos de los Presupuestos Generales. Sin embargo, esta restricción no opera para las Comunidades Autónomas, ya que a ellas compete la regulación de las entidades financieras no bancarias, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. Dicho de otra forma, las sucesivas reformas han otorgado la posibilidad de que las Comunidades cuenten con un mecanismo crediticio, no disponible para ninguna otra administración. ¿Por qué es necesaria la política crediticia en el marco de la planificación del desarrollo andaluz? La posibilidad de crear una política crediticia andaluza en la que participe la mitad del sector financiero permite la orientación del crédito hacia las actividades que se estimen de mayor productividad para Andalucía, evitando que el ahorro andaluz se filtre hacia el exterior por la vía del mercado interbancario o de la inversión en moneda extranjera o en deuda pública de otras administraciones distintas a las andaluzas. Evitando además que esos fondos tan necesarios para el desarrollo andaluz acaben en procesos especulativos e improductivos para nuestra tierra. ¿Por qué es el momento apropiado? Una de las cuestiones más planteadas es por qué se ha esperado hasta este momento en Andalucía para regular las cajas y la respuesta es simple, aunque compleja por los términos específicos a utilizar. Antes de las reformas, el Estado construía toda una política crediticia en el propio mercado financiero sobre la base de los coeficientes de inversión obligatoria (bancos y cajas tenían que invertir obligatoriamente un porcentaje muy elevado de sus recursos en aquellos tipos de préstamos que le fijaba el Ministerio), a veces con el propio coeficiente de caja (cuando este coeficiente llegó a situarse en el 20% sus empleos eran ya más política crediticia que garantía de liquidez) y con el control ejercido sobre la banca pública (que representaba un porcentaje del mercado importante en sectores como el inmobiliario o el exportador), de ahí que las posibilidades reales de intervención de las Comunidades Autónomas vía Cajas de Ahorro resultaban del todo inefectivas y no se procedió a crear ninguna regulación específica en cada territorio. ¿En qué formas puede intervenir la Junta en las cajas para articular una política crediticia? En realidad son múltiples los posibles tipos de intervención: la regulación de las inversiones de las cajas mediante el establecimiento de coeficientes obligatorios de inversión, el establecimiento de límites al empleo de los beneficios, el control de los órganos de gobierno de las cajas mediante una representación mayoritaria de la Junta de andalucía, la creación de una caja de cajas que actúe como instrumento de control y de inversión controlada de los depósitos que obligatoriamente hayan de hacer las cajas en ella, etcétera. ¿Qué instituciones deben participar en los órganos de gestión de las cajas? Evidentemente, si el objetivo de una ley de cajas es crear una política crediticia andaluza, la institución que ha de estar en los órganos de gobierno de las cajas es la Junta de Andalucía, ya que a ella compete proponer y ejecutar la política económica de la Comunidad. Lo contrario es simplemente una disputa por los cargos de quienes no tienen el gobierno de la Junta y pretenden mantener el control de las cajas por su presencia en los Entes Locales o en el Parlamento Andaluz, aun a costa de que no se pueda articular esa política crediticia que tanto necesitamos.