Tres jueces de la Sala Tercera del Supremo decidirán sobre los secretos de Estado

El presidente y otros dos magistrados, el más antiguo y el más moderno, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo serán los encargados de decidir sobre la desclasificación de secretos de Estado, según el anteproyecto de ley de control de las actividades del Cesid que ultiman los ministerios de Presidencia, Defensa y Justicia. El Gobierno ha optado por dejar la decisión en manos de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, pero limitando la competencia a sólo tres jueces, en lugar de los 33 que forman el pleno de la Sala y que en marzo de 1997 resolvieron la desclasificación de los llamados papeles del Cesid. El texto crea un juez especial para autorizar las escuchas del servicio secreto y regula su control parlamentario.

En marzo de 1997, EL PAÍS publicó el anteproyecto de ley de Secretos de Estado, que preveía la creación de una Comisión de Secretos de Estado, integrada por tres magistrados del Supremo, a la que correspondería decidir sobre los recursos presentados contra la negativa del Gobierno a desclasificar documentos. Inmediatamente se hizo público un segundo borrador, presentado como definitivo, que dejaba la decisión en manos del pleno de la Sala Tercera del Supremo, el mismo organismo que decidió en el caso de los papeles del Cesid.La fórmula que ahora ha decidido el Gobierno, salvo nueva rectificación, es un híbrido de las dos anteriores. Por una parte, se mantiene la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a la que corresponde legalmente resolver los recursos contra las decisiones del Consejo de Ministros.

Pero, por otro lado, se limita a tres el número de magistrados de la Sala que decidirán sobre el asunto. Esta limitación se debe a que, durante sus deliberaciones, los jueces tendrán acceso a la información clasificada sobre la que deben resolver, como ocurrió con los papeles del Cesid, que conserva su carácter secreto hasta que se produce la sentencia e incluso después si resulta contraria a los recurrentes. No parece que su examen por 33 magistrados sea la mejor forma de garantizar la confidencialidad.

Escuchas a HB

Se da la circunstancia de que la Sala Tercera del Supremo deberá resolver en los próximos meses un nuevo recurso sobre desclasificación de datos secretos, esta vez referidos a las escuchas descubiertas en la sede de HB de Vitoria. La juez que investiga el caso ha dirigido una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que pide que se levante el secreto sobre la operación del Cesid, con especial referencia a la identidad de los agentes implicados.Aunque el Gobierno aún no le ha contestado formalmente, sus máximos responsables han adelantado que la respuesta será negativa, lo que abrirá el camino para que HB, que ejerce la acusación particular, vaya al Supremo.

No es seguro que el nuevo procedimiento pueda aplicarse a este caso, pues dependerá de la prisa que se dé el Gobierno en remitir el proyecto al Parlamento y de la rapidez de éste en aprobarlo. De momento, el texto acumula varias semanas de retraso.

Eduardo Serra, ministro de Defensa, mantuvo una ronda de contactos con los portavoces de la oposición en los primeros diez días de mayo y prometió que, tras el debate sobre el estado de la Nación de los días 12 y 13 del mes pasado, volvería a citarlos para discutir ya un texto concreto. Aún no les ha llamado.

El retraso obedece a las propias dudas del Gobierno. Hasta ahora se han manejado tres textos diferentes, no sólo en su contenido, sino en su propia naturaleza. En principio, se comenzó a trabajar en una ley reguladora del Cesid, que abordase todos los aspectos referidos al servicio secreto, desde su dependencia hasta su estructura. De hecho, el proyecto de ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que el Consejo de Ministros envió el viernes al Consejo de Estado, remite en una de sus disposiciones adicionales a una futura ley para regular los derechos y deberes de los agentes del Cesid, que actualmente están sujetos a un real decreto de 1995.

El Gobierno renunció, sin embargo, a este proyecto. Según algunas fuentes, la razón estuvo en que, aunque no hay intención por ahora de sacar al Cesid del Ministerio de Defensa, tampoco se quiere consagrar esta dependencia por ley y dificultar un futuro traslado a Presidencia.

A continuación, se optó por acometer una reforma completa de la ley de Secretos Oficiales, sacando del cajón los borradores preparados en agosto de 1996 y marzo de 1997, a los que se añadiría un capítulo sobre control judicial y parlamentario del Cesid.

Pero este proyecto era mucho más ambicioso que el que Serra consultó con los grupos parlamentarios y el presidente José María Aznar anunció durante el debate sobre el estado de la Nación, por lo que se multiplicaban las posibilidades de una polémica que dificultase el consenso.

La última propuesta legislativa es más modesta y se limita a los tres aspectos que se han demostrado más urgentes: el procedimiento para resolver los recursos contra la negativa del Gobierno a desclasificar información secreta; la autorización judicial de las escuchas del Cesid y su control parlamentario. Aunque se presenta como una ley independiente, se trata básicamente de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, a la que se añaden varios artículos para regular las nuevas competencias de los jueces.