La exigencia de un informe para aprobar el plan urbanístico de Gil divide a la Junta

El Ayuntamiento de Jesús Gil ganó una dura batalla que mantenía con la Junta de Andalucía al rechazar la Comisión Provincial de Urbanismo la exigencia de un informe de impacto ambiental a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. El pasado martes, Gil, acompañado de su abogado personal, José Luis Sierra, y el gerente de la empresa municipal de Urbanismo, José Antonio Roca, asistió al desbloqueo de la paralización del plan, decidida hace dos meses por la propia Junta.

La coincidencia de criterios entre las delegaciones de Obras Públicas y Medio Ambiente se rompió en esta comisión de Urbanismo que decidió, a propuesta de la primera, no pedir al Ayuntamiento marbellí el informe ambiental. El responsable provincial de Obras Públicas, Carlos Morales, aseguró ayer que el acuerdo, respaldado por 20 de los 22 miembros de la comisión, se adoptó en base "a criterios puramente jurídicos y técnicos". El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, sin embargo, mostró su discrepancia con la propuesta de su compañero, al considerar que "se apoya en una interpretación simplista y literal de la legislación". Trillo sostiene que aunque la Ley de Protección Ambiental -que entró en vigor en septiembre de 1994- es posterior al inicio del proceso de revisión del PGOU de Marbella, en la revisión del plan se produjeron cambios sustanciales que no estaban recogidos en el documento de aprobación inicial de 1993 y hacen necesario el informe de impacto ambiental. La propuesta de Morales, que salió adelante, permite que se continúe la tramitación de la aprobación definitiva del PGOU y contabilizar los dos meses que estuvo paralizado el plan en el plazo de seis meses que cuenta la Junta para pronunciarse. La concejal socialista Isabel García Marcos ha pedido la dimisión de Morales, al que acusó de dar un trato de privilegio al gobierno de Gil en la tramitación del PGOU y de filtrarle las propuestas que se iban a debatir en la comisión de Urbanismo. Gil negó que esta situación se produjera, para afirmar que los datos manejados por su equipo son los obtenidos por sus técnicos en comisiones de trabajo con la Junta. Morales afirmó que "no tiene consecuencia relevante" que Gil conociera las propuestas de resoluciones de la comisión de Urbanismo antes de que le fueran tramitadas, pero que le "preocupa que se hubiesen producido". El delegado de Obras Públicas anunció que propondrá a la próxima comisión de Urbanismo suspender la aprobación del PGOU de Marbella, al entender que este plan "carece en gran parte de estructura y orden". Por su parte, Trillo lamentó que esta comisión "no asumiera para Marbella las garantías medioambientales, con la etiqueta de calidad que tiene ese municipio". "Esa responsabilidad escapa de mí y cae en el órgano que la tomó", agregó Trillo. La actuación de Medio Ambiente en el futuro PGOU queda ahora reducida a dos cuestiones: la forestal y la vía pecuaria. En un documento de esta delegación se destaca que 10,5 millones de metros cuadrados de terreno forestal incendiado en los últimos años se pretenden recalificar como suelo urbano en la revisión del plan, junto a 800.000 metros cuadrados considerados de alto valor ecológico. Los juzgados de Marbella tramitan las denuncias presentadas por la concesión de 43 licencias de obras que incluyen zonas verdes o de equipamiento, por un presunto delito urbanístico. Las diligencias penales fueron promovidas por una plataforma ciudadana contra los permisos de obras otorgados por el GIL al amparo de la revisión del PGOU.