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Almunia propone a Anguita hacer pactos electorales para evitar que gobierne la derecha

Anabel Díez

El PSOE está dispuesto a aceptar la quinta propuesta que en los últimos años le ha formulado Izquierda Unida (IU) para llevar adelante políticas comunes. El coordinador general de IU, Julio Anguita, recibió ayer una carta de la ejecutiva del PSOE, firmada por el secretario general, Joaquín Almunia, en la que expresa su voluntad de llegar a acuerdos poselectorales tras los comicios municipales y autonómicos de junio de 1999 que impidan el gobierno de la derecha. Esta llamada al pacto corre paralela al diálogo abierto con Nueva Izquierda (NI) para esas mismas elecciones.

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El visto bueno para negociar con Anguita lo dio ayer la comisión permanente del PSOE una vez que el secretario general, Joaquín Almunia, y el candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell, se hubieran reunido y pactado los términos de la respuesta a Anguita. El aspecto más relevante de la carta que ayer recibió Anguita tiene que ver con la invitación al pacto que el PSOE hace a IU, después de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán exactamente dentro de un año. El PSOE propone que los dos partidos den su apoyo para gobernar a la lista de izquierda más votada con el objetivo de "impedir que la derecha gobierne como consecuencia de la división de las fuerzas progresistas", explicó Almunia.De esta manera se asistiría a la reedición de los pactos municipales y autonómicos de 1979, suscritos entre el PSOE y el PCE, que poblaron toda España de gobiernos de izquierda. Esta situación política fue atacada por la derecha de entonces y por la extinta UCD como una recuperación del Frente Popular que existió en la República.

Mientras tanto, las conversaciones con NI no se han interrumpido. A diferencia de lo que puede ocurrir con IU, en cuanto a que se trata de negociar después de las elecciones, con el partido que lidera Diego López Garrido se habla de cuestiones preelectorales. Después del revuelo creado en el PSOE por el pacto de Madrid que llevará a Cristina Almeida, presidenta de NI, a la cabecera de la Comunidad de Madrid, es improbable que se pueda hablar de cabezas de lista de ese partido pero sí de la inclusión de militantes de NI en las candidaturas socialistas. Canarias y Castilla-La Mancha son comunidades en los que las conversaciones pueden dar fruto muy pronto. Además de inclusión en las listas, asuntos que no tendrán que ser tratados por la ejecutiva federal, sino por las provinciales y regionales, equipos de uno y otro partido están trabajando en un documento sobre política autonómica y municipal que pronto verá la luz.

El PSOE quiere exponer con claridad que sus relaciones no se inscriben exclusivamente con un grupo para que nadie se llame a engaño. En la carta que ayer Almunia escribió a Anguita se establece un método de trabajo que empezaría con una entrevista y, a tenor de sus resultados, la puesta en marcha de grupos sectoriales. La lucha por la semana laboral de 35 horas y la oposición de ambas fuerzas políticas a la reforma del IRPF que contempla el Gobierno son campos de posible entendimiento. El PSOE resalta las cuestiones que les separan de IU, sobre todo en política exterior, pero no volverán a insistir en las diferencias sobre la Europa del euro.

En la reunión de la permanente se habló mucho del Gobierno. A estas alturas, el jefe del Ejecutivo, José María Aznar, ya sabe que no habrá entrevista con Almunia si antes no hay una agenda clara de los temas a tratar y si en el PSOE no se recibe una respuesta a documentos que envió a La Moncloa hace tres meses.

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En el orden interno, el candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell, llevó a la permanente el presupuesto que ha elaborado para dotar de medios materiales a la llamada Oficina del Candidato. El presupuesto anual de gastos será de 50 millones de pesetas. Asistentes a la reunión indican que Borrell quiso detallar los pormenores del presupuesto, pero que transcurridos dos minutos sus compañeros le dijeron que todo estaba bien.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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