La oposición denuncia que algunos contratos de Canal 9 llegaron a Cortes sin datos económicos
Diversos contratos firmados por Ràdio Televisió Valenciana con productoras privadas desde el año 1989 están incompletos, según denuncian diputados de la oposición parlamentaria, porque carecen de los anexos económicos que detallan los costes de producción. Fuentes oficiales de RTVV explican que los contratos se han remitido tal como fueron firmados y comentan que si algunos documentos carecen de anexo presupuestario es porque los detalles y el método de trabajo todavía no habían sido definidos cuando se llegó al acuerdo comercial.
Los diputados de la oposición que revisan las fotocopias de los contratos entregados a las Cortes Valencianas por RTVV han tropezado con algunas sorpresas. Las copias son, evidentemente, segundas o terceras copias que en ningún caso han sido compulsadas, es decir, no existe constancia documental de que respondan fielmente al original. Portavoces de RTVV y de Presidencia aseguran que los documentos fueron remitidos sin ningún tipo de manipulación. Pero fuentes de la oposición destacan que las copias son borrosas, algunos documentos incluyen páginas en blanco y, en varios casos, se aprecia que los contratos fueron descosidos y recosidos en algún paso intermedio antes de ser entregados a la custodia de los letrados de las Cortes Valencianas. Todos los contratos incluyen la cantidad global del acuerdo correspondiente, pero carecen del detalle de gastos de producción, que suele recogerse en anexos. La oposición denuncia que el detalle de los gastos es fundamental, porque indica el coste de los equipos técnicos, los decorados, las cintas magnéticas o los cachés de los actores o modelos implicados. La oposición ha reiterado denuncias sobre la cesión de decorados pagados por Canal 9 a diversas productoras privadas vinculadas a Jesús Sánchez Carrascosa, ex director de Canal 9, que fuera jefe de gabinete de la Presidencia de la Generalitat y, antes, director de campaña de Eduardo Zaplana. También se expresan dudas sobre la capacidad de algunas de las productoras contratadas para disponer de una unidad móvil, un equipo cuyo coste ronda los 30 millones de pesetas. Las dudas se extienden incluso a los materiales más elementales, que podrían haber sido proporcionados por Canal 9 en un caso de evidente trato de favor. La versión oficial de los responsables de relaciones externas de RTVV señala que los servicios jurídicos de la entidad se limitaron a copiar los contratos exigidos por el pleno de las Cortes tal como fueron firmados. Si en algunos casos carecen del detalle económico que suele incluirse en los anexos correspondientes sería, según las mismas fuentes, porque los acuerdos se cerraron por un montante global y todavía no había sido especificado el método de trabajo. Fuentes de Presidencia aseguran que los contratos no fueron sometidos a "una revisión exhaustiva", pero afirman que "todos parecían completos e incluían los datos económicos". Según las mismas fuentes, en la mayoría de los documentos sí figuraba el detalle de costes de "por producción, por iluminación, por actores", etcétera. Desde la oposición también se expresa sorpresa por las diferencias de coste de los contratos de retransmisión de las corridas de toros. Fuentes de la oposición señalan que algunas emisiones se contrataron por 700.000 pesestas frente a otras cuyo coste llega a elevarse a 40 millones de pesetas. Las plazas y los carteles varían; los comentarios son fruto de una lectura precipitada, según admiten las mismas fuentes; pero las diferencias son muy significativas. La difusión del coste de los contratos firmados por una productora catalana con Canal 9 bajo gestión socialista también ha sorprendido a la oposición, que se pregunta por la necesidad de las cautelas impuestas por RTVV para evitar lesionar derechos de terceros.
El inevitable examen a Carrascosa
La oposición parlamentaria viene solicitando desde 1996 la remisión de todos los contratos suscritos por TVV con empresas privadas bajo la dirección de Jesús Sánchez Carrascosa, ex jefe de gabinete del presidente de la Generalitat y responsable, en opinión del PSOE y EU, del supuesto y complejo entramado de intereses a través del cual Canal 9 ha podido beneficiar a varias empresas cercanas al PP. No obstante, la obstinada petición de los contratos se ha encontrado con la igualmente terca negativa del Ejecutivo, que, por todo argumento para justificar su postura contraria a la fiscalización de un ente público, ha esgrimido varios informes jurídicos que impedirían dar publicidad a las relaciones económicas establecidas por la Administración con sociedades ajenas a ella. El 1 de abril, las Cortes decidieron desoír esas recomendaciones. UV, socio de gobierno del PP en el Consell, votó a favor de la propuesta de la oposición. Desde esa día, los populares han acusado a la oposición de intentar convertir el parlamento valenciano "en un circo". Ésta ha arremetido contra el gobierno por entender que el "ocultismo" respecto a la actividad de Canal 9, que en los dos últimos ejercicios ha perdido cerca de 4.000 millones de pesetas, no pretende otra cosa que tapar la posible "maquinación para alterar el precio de las cosas" en la que se ha podido incurrir en TVV. El cruce de reproches no impidió que el 28 de abril el consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll (PP), facilitara los contratos al presidente de las Cortes, Héctor Villalba (UV). Según la oposición, Ripoll intentó dilatar su entrega mediante la búsqueda de resquicios legales. Eso si: finalmente, los contratos -en los que, siempre según la oposición, se omite parte de la documentación solicitada- están siendo escrutados en condiciones, cuanto menos, extrañas No se pueden fotocopiar, fotografiar o sacar de la sede de las Cortes. Sólo pueden ser examinados por los diputados previamente autorizados y bajo el control de un letrado de la institución. Por si fuera poco, el Ejecutivo no se ha cansado de advertir que la filtración de un contrato, su traslado a la opinión pública, podría ser constitutiva de delito.
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