El Gobierno sustituirá al general Calderón cuando se apruebe la nueva ley del Cesid

El Gobierno se propone relevar al director del servicio secreto, el teniente general Javier Calderón, cuando se apruebe la ley del Cesid, que regulará el control judicial y parlamentario de sus actividades, según fuentes de Moncloa y de Defensa. Se trata de presentar la sustitución de Calderón, y el nombramiento por vez primera de un civil al frente del centro, como símbolo del inicio de una nueva etapa, ligada a la futura ley. En medios gubernamentales se afirma que su sucesor será alguien con experiencia de servicio al Estado y perfil no partidista, posiblemente un diplomático.

Tras el descubrimiento de las escuchas del Cesid en la sede de HB de Vitoria, el pasado 30 de marzo, el director del Cesid ofreció su dimisión al presidente José María Aznar y al ministro de Defensa, Eduardo Serra, quienes le pidieron que continuase en el cargo. Eso no quiere decir, según las fuentes consultadas, que el relevo de Calderón haya sido descartado.Solamente ha quedado aplazado para desvincularlo de la reciente crisis y presentarlo en el marco de una renovación de los servicios secretos, que tendrá su máxima expresión con la entrada en vigor de la nueva ley. El propio presidente del Gobierno así lo dio a entender durante el debate sobre el estado de la Nación, el pasado martes.

"Yo ya he dicho, y quiero reiterarlo, que en el momento que lo considere conveniente, y ahora todavía no lo considero conveniente, no tengo en absoluto ningún obstáculo para que un civil esté al frente de los servicios de inteligencia. ¿Por qué no? Es más, espero que cuando culmine el proceso de renovación del Cesid, y si el Gobierno lo considera oportuno, pueda estar un civil al frente del servicio de inteligencia", afirmó Aznar, en su réplica al portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti. Medios gubernamentales consideran prematuro especular sobre el nombre del primer civil que dirigirá el Cesid en sus veinte años de existencia y no dan ninguna credibilidad a los rumores que apuntan al jefe de Gabinete del ministro del Interior, Gustavo de Arístegui.

Se da por seguro, sin embargo, que el Gobierno buscará a una persona con amplia experiencia de servicios al Estado y perfil no partidista, probablemente un diplomático. Esta opción tiene varias ventajas: evita la imagen de que Interior ha ganado la batalla a Defensa y subraya la actuación del Cesid en el extranjero, la que cuenta con mayor aceptación social.

Juez "ad hoc"

La tramitación de la nueva ley no está, sin embargo, exenta de dificultades, aunque el deseo del Gobierno es que entre en vigor en enero del año próximo, para lo que debería remitirla a las Cortes inmediatamente antes o después del verano.El ministro Serra ya ha realizado una primera ronda de contactos con los grupos de la oposición, entre los que existe un amplio consenso sobre la necesidad de que las actividades del servicio secreto estén sujetas al control judicial y parlamentario, aunque todavía no se han discutido fórmulas concretas.

En el Congreso, Aznar se refirió a la "designación de un juez ad hoc, sin perjuicio de los instrumentos de fiscalización parlamentarios ya existentes", con objeto de "inscribir plenamente en la legalidad la actividad de los servicios de información, sin merma de su eficacia".

Pese a los reparos de algunos juristas y de la asociación Jueces para la Democracia, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Benigno Varela, considera viable la figura del juez ad hoc, aunque advierte que sería preciso para ello reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En Defensa se han barajado varias fórmulas, aunque la preferida es que sea un magistrado del Tribunal Supremo -o, al menos, con un acreditado bagaje jurídico- quien se encargue de autorizar las escuchas del Cesid. La designación de un juez militar, también analizada, resulta políticamente inviable. En en el nombramiento deberán intervenir, en todo caso, tanto el Parlamento, ya que será un "comisionado de las Cortes", como el propio Poder Judicial.

Respecto al control parlamentario, Defensa es partidaria de crear un Comisión de Asuntos de Inteligencia muy reducida, con sólo tres o cinco miembros, lo que llevaría a la exclusión de los grupos minoritarios. Las críticas de la oposición han llevado a replantearse la idea, hasta el punto de que es probable que las cosas se queden como están y sea la actual Comisión de Secretos Oficiales la que se ocupe del Cesid.

Proceso judicial

Calderón, de 67 años, cumplirá dos al frente del centro el próximo día 24 y es ya el director que más tiempo ha mandado el Cesid, con la excepción lógicamente de Emilio Alonso Manglano, que fue su máximo responsable durante 13 años. Su relevo en los próximos meses no tendría por tanto nada de extraordinario, aunque habrá que tener en cuenta el calendario judicial si se quiere desvincular de las escuchas a HB.El 30 de abril, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, Carmen Lasanta, interrogó como imputado a Javier Calderón, quien se acogió a la Ley de Secretos Oficiales para no responder la mayoría de sus preguntas. Lo mismo hizo antes el agente Mario C.G., cuyo nombre real aparecía en un papel olvidado en el piso.

La juez decidió el pasado viernes prorrogar por una semana el secreto de las diligencias previas 835/98, que anteriormente decretó, sucesivamente, por un mes y 15 días. La brevedad de esta tercera prórroga parece indicar que espera en breve el resultado de alguna diligencia, probablemente la respuesta al escrito que dirigió a Defensa pidiéndole datos sobre varios nombres reales y supuestos.

Fuentes gubernamentales indicaron que hay voluntad de colaborar en todo lo posible con la juez, siempre que no se vulnere la ley de Secretos Oficiales. En consecuencia, no habría inconveniente en reconocer la pertenencia al servicio secreto de Mario C.G., aunque sí en ofrecer detalles sobre la operación.

El Gobierno ya ha decidido ampararse en el carácter secreto de las actividades del centro para no facilitar información sobre la base de escuchas de Vitoria, por lo que resulta previsible un conflicto de jurisdicción como el que se produjo a propósito de los papeles del Cesid.

La juez dispone, sin embargo, de datos suficientes para deducir que el servicio secreto está detrás del espionaje a HB por lo que podría, en el momento procesal oportuno, actuar contra su máximo responsable.