La FSP-UGT abre su congreso con la advertencia del Consell de que no implantará la semana de 35 horas

El tercer congreso ordinario de la Federación de Servicios Públicos de UGT del País Valenciano (FSP), la más importante de la UGT-PV en número de afiliados, se inició ayer con la advertencia del Consell de que seguirá con su política tendente a reducir el sector público. José Emilio Cervera, subsecretario para la Modernización de la Administración, manifestó en su discurso ante los delegados del congreso, en el que intervino como invitado en representación del Consell, que la Administración autonómica no se plantea ni por un momento implantar la jornada semanal de 35 horas, uno de los lemas del congreso. "La semana de 35 horas no es un instrumento de creación de empleo y a corto plazo sí que destruye puestos de trabajo", señaló Cervera, que recordó que el Partido Popular no apoyará un proceso legislativo para implantar la reducción de jornada. Cervera negó que se esté recortando el Estado de bienestar, defendió la reforma fiscal y manifestó su voluntad de continuar con el proceso de privatizaciones, iniciado con las ITV. La intervención de Cervera fue acogida con desagrado entre los 300 delegados, al contrario de las intervenciones de Glòria Marcos, de Esquerra Unida, y del secretario general del PSPV, Joan Romero. Ambos criticaron la política del PP valenciano contraria al sector público. Las intervenciones de los invitados abrieron el tercer congreso en el que el secretario general, Luis Lozano, continuará al frente de una ejecutiva en la que los únicos cambios que se producirán serán la entrada de dos mujeres -María José Meseguer, como secretaria de la Dona, y Marisa Baena, como responsable de Salud Laboral- y Ferran Díez como secretario de Formación. El resto de la ejecutiva seguirá. Lozano, en su informe de gestión, que se aprobó por unanimidad, señaló que la llegada al poder del PP ha supuesto varios enfrentamientos entre los trabajadores públicos y la Administración, como la congelación salarial o el intento de implantar la jornada partida, aunque señaló la sanidad como principal punto de conflicto. Lamentó la falta de diálogo, así como el deterioro del sistema público de salud, con el hospital de Alzira como ejemplo.