El lado oscuro de la minería

,La minería, ya sea a cielo abierto o subterránea, siempre ha originado alteraciones ambientales de distinto tipo, muchas de ellas de difícil corrección por afectar a grandes extensiones de terreno. Hasta 1982 no se dictaron normas para limitar el impacto de este tipo de explotaciones. Primero se obligó a las empresas que solicitaban una concesión a diseñar un plan de restauración que discurriera en paralelo con los propios trabajos de extracción, y más tarde, ya en 1988, comenzaron a aplicarse las evaluaciones de impacto ambiental previas, instrumento que en Andalucía quedó regulado en 1994 con la Ley de Protección Ambiental. Este vacío legal ha impedido, en muchos casos, corregir situaciones claramente inaceptables, ya que, aunque se tratara de explotaciones en activo, no se les podía aplicar la ley con carácter retroactivo si la concesión la habían obtenido antes de 1982. En el caso de minas, canteras o graveras abandonadas, resolver el deterioro ambiental que causaron es aún más complicado, ya que en muchos casos es prácticamente imposible identificar al promotor o bien no se le pueden pedir explicaciones por actividades que se desarrollaron en una época en la que no existía legislación al respecto. Francisco Mencía, director general de Industria, Energía y Minas, admitía hace algún tiempo que "en la etapa anterior a 1982 se cometieron auténticas atrocidades, responsables, en gran medida, de esa imagen negativa que arrastra el sector". Entre 1991 y 1995, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo un inventario de canteras, graveras y yacimientos mineros, con el que se consiguió actualizar la información que existía. En total se localizaron más de 5.000 explotaciones, de las que 959 se encontraban en funcionamiento y 4.129 no registraban actividad. Por provincias, los yacimientos abandonados, que suelen ser los más problemáticos, se concentran en Córdoba (1.040), Sevilla (617) y Jaén (530), mientras que los activos abundan en Almería (157) y Granada (156). En total, los técnicos de este organismo han calculado en casi 50.000 millones de toneladas los residuos generados por estas explotaciones, desechos que se concentran en Granada (más de 15.000 millones), Sevilla (alrededor de 10.000) y Almería (casi 8.500). En 3.233 de estos yacimientos se consideró necesario recopilar el máximo de información, elaborando para cada uno de ellos una ficha en la que se recogen alrededor de 250 características, desde su localización exacta hasta la situación administrativa pasando por la descripción de las instalaciones. Así, la administración dispone de una voluminosa base de datos, compuesta por más de 32.000 páginas. Una sencilla consulta a este inventario permite saber, por ejemplo, que en toda la región son 27 las explotaciones mineras que cuentan con algún dispositivo para el almacenamiento de residuos sólidos o líquidos. Presas, diques o balsas, similares a las que reventaron en Aznalcóllar, están presentes en otros seis puntos de la comunidad autónoma: Sotiel, Tharsis y Riotinto, en Huelva, y tres enclaves de la comarca cordobesa de Peñarroya. Aunque la rotura de las balsas en las que se almacenaban parte de los residuos de las minas de Aznalcóllar ha desencadenado una catástrofe ambiental sin precedentes, no es el primer suceso de estas características que tiene lugar en Andalucía. En enero de 1996, y debido a las fuertes lluvias que entonces se registraron, unas viejas balsas mineras, ya abandonadas, reventaron causando una brusca inundación en el municipio onubense de Nerva. Aunque entonces los vecinos denunciaron la presencia de ácidos en las aguas vertidas, solo hubo que lamentar daños en viviendas y enseres. El inventario pone de manifiesto, asimismo, el alto porcentaje de yacimientos en los que aún no se han acometido planes de restauración. Tan solo en un 19 % de las 3.233 explotaciones visitadas se estaban llevando a cabo trabajos de mejora ambiental, mientras que en otro 19 % de los casos ni siquiera estaban previstas actuaciones de esta naturaleza. También se estudia en este documento el tipo de impactos que está causando la minería, detallándolos en función de los recursos que se ven dañados. Así, se advierte que el 28 % de los emplazamientos activos producen impactos altos y medios sobre las aguas por encharcamiento y otro 25 % modifican las redes naturales de drenaje.