La juez citará en breve al director del Cesid como imputado por las escuchas a HB

La juez de instrucción número 2 de Vitoria, Carmen Lasanta, citará en los próximos días al director general del Cesid, Javier Calderón, para tomarle declaración como imputado por las escuchas a la sede de HB en la capital vasca, según fuentes cercanas al juzgado. La juez ya interrogó la semana pasada a Mario C. G., cuyo nombre figuraba en un documento hallado en el piso desde el que se espiaba a HB. Las mismas fuentes señalaron que la juez se ha dirigido al Ministerio de Defensa reclamando datos sobre varios agentes.

La citación al director del Cesid se considera inminente después de que el ministro de Defensa, Eduardo Serra, reconociera el pasado día 21 en el Congreso que las escuchas descubiertas en la sede de Herri Batasuna en Vitoria fueron realizadas por el servicio secreto. En una entrevista publicada el domingo por EL PAÍS, Serra afirmó que "el responsable de los procedimientos [que utiliza el Cesid para obtener su información] es el director del centro". También se mostró convencido de que, "en su momento y si llega el caso, [Calderón] asumirá, en la manera en que tenga por conveniente, su responsabilidad" por haber ordenado las escuchas.

La comparecencia del director del Cesid ante el juzgado podría retrasarse si alegase problemas de salud, ya que Calderón se encuentra todavía convaleciente de la operación de cataratas a la que se sometió la semana pasada en Barcelona.

Coincidiendo con las explicaciones del ministro en el Congreso, la juez tomó declaración a Mario C.G., quien acudió acompañado de abogado y quedó posteriormente en libertad. Aunque no ha trascendido el contenido de su declaración, es previsible que se acogiera a su obligación de guardar reserva sobre todos los aspectos relaciones con su trabajo como agente del servicio secreto.

La juez disponía del nombre de este miembro del Cesid porque en el registro del piso desde el que se realizaban las escuchas se encontró un documento con su identidad real. Según algunas fuentes, se trata de una nómina, mientras que otras apuntan a una publicación a la que estaba suscrito, un carta de la Tesorería de la Seguridad Social o un extracto bancario.

La juez Carmen Lasanta ha dirigido ya un escrito al Ministerio de Defensa en el que pide confirmación y aclaraciones sobre algunos de los datos hallados en el registro judicial.

La instructora necesita saber oficialmente si las identidades de Mario C.G. o Miguel Ángel Navarro González -el nombre supuesto bajo el que se compró el piso en 1994- se corresponden a miembros del centro de inteligencia del Estado.

La necesidad de dar respuesta a las primeras providencias de la juez obligará al Gobierno a definir su actitud ante el proceso. El Consejo de Ministros del pasado viernes estuvo a punto de debatir un acuerdo por el que se declaraba materia reservada todo lo relacionado con las escuchas a la sede de HB en Vitoria, pero el asunto quedó momentáneamente aparcado.

En medios gubernamentales se da por seguro que el Gobierno se acogerá a la Ley de Secretos Oficiales para evitar facilitar datos operativos del Cesid a una causa en la que HB actuará como acusación particular. Para ello, no tendría más que invocar un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 1986, que clasificó como secreto "la estructura, organización, medios y procedimientos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".

No obstante, el Ejecutivo podría confirmar a la juez algunos datos que son de dominio público, como la pertenencia al Cesid de Mario C.G., cuya identidad completa, dirección, teléfono y nombres de sus familiares difundió Egin.

El diario próximo a HB publicó el sábado el nombre verdadero de un segundo ocupante del piso del Cesid, Fernando I. de la G., de 25 años, hijo de un militar residente en Vitoria. Además de abundantes datos personales, Egin publicó en primera página una fotografía del supuesto agente sacada de su carné universitario.

El origen de estas informaciones es una filtración de datos confidenciales de Telefónica: el listado de llamadas realizadas desde el teléfono del piso del servicio secreto en Vitoria.Al margen del procedimiento judicial, la investigación interna ha llevado al relevo de dos altos cargos del Cesid, al parecer dos coroneles, a los que se ha responsabilizado de los fallos técnicos y de la fuga de información o, en palabras del ministro, "falta de estanqueidad". Los dos relevados pertenecían a la División de Interior del centro. Uno era el responsable directo de la base de Vitoria y otro un funcionario de la central en Madrid.