La izquierda mexicana marca en su congreso distancias con los zapatistas
Las consideraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la legitimidad de una revolución a la brava a cargo de los pobres irredentos mexicanos animó los debates del IV Congreso Nacional del centroizquierdista Partido de la Revolución Democratica (PRD), concluido ayer. Acusado por el oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI de constituirse en brazo político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso del PRD rechazó la violencia como instrumento político pese a reconocer coincidencias programáticas con la guerrilla
López Obrador había advertido en el primer plenario, ante 1.200 delegados, que o bien se ampliaba el bienestar o el país seguiría deslizándose hacia la sublevación social "y no tendremos razones suficientes para cuestionar a quienes buscan superar la miseria por la vía de las armas".
La dirección del partido fundado por Cuauhtémoc Cardenas, más empujado hacia la izquierda que hacia el centro, subrayó en una de sus resoluciones que no deben confundirse las cosas ni menos etiquetar al grupo como una prolongación de los métodos e intereses del subcomandante Marcos "máxime cuando el PRD es un partido político nacional que establece su respeto pleno al Estado de derecho y a los mecanismos pacíficos de la lucha política". El primer partido de la oposición, firme aspirante a la jefatura del Estado en las elecciones presidenciales del año 2000, destacó, sin embargo, que la Administración debe honrar los acuerdos de San Andrés sobre derechos y culturas indígenas firmados hace dos años por el Ejecutivo y el EZLN. El éxito de la transición democrática mexicana, sostiene el PRD, depende en buena manera de la pacificación de Chiapas.
El Gobierno asegura estar dispuesto a cumplir los acuerdos, pero no en los términos redactados por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) instancia parlamentaria de la que también forma parte el PRI, que los tradujo jurídicamente y elevó, sin éxito, una iniciativa de ley
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