El PP acusa al PSOE de multiplicar sus escándalos con la estrategia del "ventilador" que sufrió González

La dirección nacional del PP no pone la mano en el fuego por la honradez personal y política de cada uno de sus 570.000 militantes, pero sí por la estructura de mando del partidO. Esta premisa sirve para asumir que en estos meses en el poder ha podido haber comportamientos escandalosos "personalizados y aislados", que podrían reproducirse en el futuro, pero también para afirmar que nunca saldrá "ningún caso equiparable a Filesa, los GAL o los fondos reservados, montados y amparados desde la cúpula de un partido". El PP achaca la actual proliferación de acusaciones de corrupción en sus filas a una "estrategia del PSOE de aplicar el ventilador" para dañar a José María Aznar como la que sufrió Felipe González.

La dirección del PP no se protege de ninguna manera especial contra esa "estrategia del ventilador". Cree que el tiempo y la verdad la diluirá en la nada, como presume ha sucedido ya con las primeras acusaciones lanzadas contra el Gobierno del PP por "dictatorial, atacar a las libertades y dividir a España en dos".

El PP, ante la última avalancha de denuncias —17 asuntos en los juzgados y siete suplicatorios pendientes en el Senado—, no ha suministrado a sus dirigentes ninguna doctrina nueva para extremar el cuidado de su comportamiento en los cargos públicos. Y no lo ha hecho no porque no lo crean necesario, sino por no asumir que existe un problema de corrupción generalizada, que es lo que, según los populares, pretendería la estrategia del PSOE. Esa posible sensación de corrupción les preocupa, pero no aceptan bajo ningún concepto porque entienden que ni los casos que han afectado hasta ahora a ambos partidos ni su manera de reaccionar ante los mismos es comparable.

Los dirigentes populares han construido una teoría política y mediática para explicar la multiplicación de denuncias contra responsables de su partido, fundamentalmente alcaldes y presidentes de las Diputaciones, y muchos de ellos senadores. Que el ámbito que aparece más en el punto de mira sea el local tiene la explicación de que es allí donde el PP lleva gobernando más tiempo. Que los dirigentes del PP más denuciados sean senadores tendría para el PSOE la ventaja de que por ser aforados debe solicitarse obligatoriamente el suplicatorio para investigarles "y esa noticia ya interesa" a la prensa. Hoy, la comisión de suplicatorios del Senado convocará una primera audiencia para retirar la inmunidad a tres senadores populares y esta semana se tramitará el de Tomey.

Sucede, además, que el PP ha colocado precisamente en el Senado a un número importante de sus barones territoriales, presidentes provinciales del partido, de diputaciones y alcaldes.

En la dirección del PP creen tener constancia y datos para asegurar que el PSOE ha puesto en marcha contra ellos ese "ventilador" de casos de corrupción que tanto daño hizo al último Gobierno de González porque piensan que también le hará mella a Aznar. Según esta teoría, los socialistas, tras comprobar que aquel vendaval de casos horadó su credibilidad y su reserva de votos, querrían aplicarle al actual Gobierno la misma medicina. Lo que no saben explicar en el PP es por qué el PSOE ha decidido accionar ahora ese mecanismo ni cómo han logrado poner de acuerdo para airearlo a la mayoría de los medios y a distintos organismos fiscales y judiciales.

En el PP constatan que el PSOE, para cumplir ese objetivo, está recabando y mezclando casos puramente anecdóticos e irrelevantes con otros en los que lo denunciable debería catalogarse como "irregularidad" o "anomalía contable", como el caso Tomey de la Diputación de Guadalajara, pero nunca como "corrupción".

Los populares ponen como fecha de inicio de esta estrategia el momento en que la dirección del PSOE anunció la elaboración de un documento sobre "los cien asuntillos" que afectan al PP en toda España. En ese contexto, ha molestado especialmente en el PP una reciente declaración del portavoz socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, en la que avisaba de que pronto no se podría ni entrar en el Senado por la cantidad de acusaciones que pesaban sobre parlamentarios populares.