La Asociación contra la Tortura se querella por un desalojo de 'okupas'

Un año después de los hechos, la Asociación contra la Tortura ha interpuesto una querella criminal contra el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, por la actuación policial durante un desalojo de okupas el 10 de marzo de 1997 en el barrio de La Guindalera (Salamanca). Acusan a los agentes y a sus mandos de delitos de "tortura, lesiones, detención ilegal, privación de derechos cívicos reconocidos en la ley, malos tratos y amenazas" durante los arrestos y la estancia de los detenidos en comisaría.En la querella se relatan los supuestos malos tratos, vejaciones y privación de derechos fundamentales denunciados por 130 de los 158 detenidos en el juzgado de instrucción 17 que les tomó declaración tras el arresto. Aseguran que los insultos, amenazas "y algunos golpes" fueron constantes durante toda el tiempo que duró la detención. Denuncian, asimismo, que en el primer día de arresto no se dio casi de comer a los detenidos, se les privó de agua durante horas y se les negó el acceso a los servicios.

Se quejan también de que los jóvenes fueran introducidos en celdas de reducido tamaño, en grupos de hasta 15 personas. Afirman, además, que a varias mujeres que tenían el periodo no se les dieron compresas, replicando los agentes a sus peticiones, siempre según el texto de la querella: "Si tenéis la regla taparos el coño con la mano, guarras".

En la demanda se recoge que todos los detenidos fueron obligados a desnudarse para su cacheo y que algunas mujeres tuvieron que desvestirse a la vista de agentes varones. Otra queja se refiere a que la información sobre el motivo del arresto y la lectura de derechos no se produjeron "hasta muchas horas después". Aseguran, además, que los detenidos que no sabían castellano carecieron de intérprete y que a algunos que solicitaron asistencia médica no se les facilitó.

Los 158 jóvenes fueron exculpados del delito de okupación por el juzgado de instrucción 15. Pero siguen inmersos en otro procedimiénto por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en el juzgado 17, ya que durante el desalojo grupos de encapuchados apedrearon quince bancos.