Belloso aporta una carta que implica a Mario Conde en la 'operación locales'

La defensa de Fernando Garro, ex director general de Banesto, cuestionó ayer la instrucción del caso Banesto en 1994 del entonces juez de apoyo Manuel García-Castellón ya que el titular, Miguel Moreiras, había iniciado primero, en octubre de 1993, diligencias sobre dos facturas falsas emitidas por Publitax y pagadas por el banco con la firma de Garro. El letrado Joaquín García Romanillos pidió la anulación de los cargos de falsedad contra su cliente, el ex consejero delegado Juan Belloso, y aportó varios documentos entre los que destaca una carta que implica a Conde en la operación locales.

La defensa de Juan Belloso, consejero delegado de Banesto hasta finales de 1992, solicitó la anulación del delito de falsedad contable que se le imputa por entender que con el nuevo Código Penal, de 1995, dicho delito ha sido despenalizado. García Romanillos atacó el presunto "concierto" que se imputa a Belloso con los otros acusados en falsedades contables. Según dijo, su cliente se "desconcertó" con los otros al dimitir de su cargo en noviembre de 1992.El letrado aportó documentos que acreditan la información que pasó a su entonces presidente sobre varios asuntos. Uno de ellos es una carta firmada por Belloso en la que trasladaba a Conde un informe de la subdirección de auditoría interna de Banesto (Adquisición de Locales y Naves para almacenes) de enero de 1992. Se advertían irregularidades en las operaciones de compraventa, cuyo presunto autor fue Fernando Garro. Belloso ya declaró que había informado a Conde del asunto y que éste, tras hablar con Garro, le dijo que no había problemas. Ahora ha aportado la carta y el informe que envió a Conde.

Javier Sáenz de Pipaón intentó ayer fundamentar la presunta ilegalidad de la instrucción del juez García-Castellón con argumentos no utilizados hasta el momento por otras defensas. La idea es que García-Castellón, como juez de apoyo, nunca debió asumir el caso Banesto. La razón: el juez titular del juzgado central de instrucción -del cual García-Castellón era juez de apoyo- ya había iniciado diligencias sobre el pago, con la firma de Garro, de dos facturas a una empresa fantasma llamada Publitax.

Según Sáenz de Pipaón, que planteó ayer este tema como cuestión previa, de vulneración de derechos, y no como problema de competencia, los hechos investigados desde 1993 revestían el carácter de delitos conexos, es decir formaban parte de un conjunto de operaciones. Tanto el pago a Publitax, dijo, como la operación del Centro Comercial Concha Espina y la compraventa de locales comerciales, en las que figuraba Garro, estaban relacionadas. El juez natural, predeterminado por ley, era, pues, Moreiras.

Sáenz de Pipaón solicitó, también, la nulidad de lo actuado porque, dijo, no se había respetado el derecho a un proceso con todas las garantías. El juicio continuará el lunes 19.