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Los fiscales censuran a Cardenal por su informe sobre las dictaduras

El Poder Judicial reprueba las críticas de políticos

Las dos asociaciones que agrupan a los miembros de la carrera fiscal -la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales y la Unión Progresista- arremetieron ayer contra el máximo responsable del ministerio público, el fiscal general, Jesús Cardenal, por el informe que ha elaborado para respaldar la tesis contraria a la investigación de las desapariciones que ha mantenido el jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. El Poder Judicial, por su parte, reprobó ayer las críticas que los magistrados reciben de los políticos.

Fungairiño sostenía en un polémico informe que los militares argentinos "no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido mediante acta institucional que tenía por objeto, precisamente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública". Esta tesis fue reafirmada por Cardenal en un informe enviado a dos diputados que le habían solicitado explicaciones al respecto. La Asociación de Fiscales, a la que perteneció Cardenal antes de ser nombrado fiscal del Estado, pide que, "si verdaderamente no se quiso justificar la actuación de las dictaduras militares, se haga público el rechazo a las mismas". El PP fue el único en salir ayer en defensa de Cardenal y Fungairiño, ya que hasta los socios del Gobierno se mostraron especialmente críticos. El portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, consideró "peligroso" que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional "justifique" las dictaduras, y "más peligroso" que el fiscal general del Estado le apoye en ello. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, hizo ayer un llamamiento a los políticos para que traten "con el respeto y colaboración debida" a jueces y tribunales. Mientras se hacían estas críticas, el CGPJ nombraba magistrado de la sala del Tribunal Superior de Baleares a Rafael Pereda Mezquida, que fue abogado de Gabriel Cañellas en el caso Sóller.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de diciembre de 1997