Desarticulada una red de falsificación de documentos que se vendían a inmigrantes

El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha dirigido una operación destinada a desarticular una red de falsificación de documentos oficiales destinados principalmente a inmigrantes con el fin de legalizar su situación, aunque también se han descubierto otras actividades como la falsificación de facturas y efectos destinados al blanqueo de dinero, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional. La operación seguía abierta a última hora de anoche.

El magistrado García Castellón ordenó ayer la detención de 11 personas supuestamente integrantes de la trama, uno de los cuales es un funcionario de la Delegación de Hacienda, de la calle Guzmán el Bueno, de Madrid. A primeras horas de la noche de ayer se procedía todavía a practicar las últimas detenciones.El magistrado inició las pesquisas el pasado mes de marzo, cuando efectivos de la policía detectaron cientos de documentos, en su mayoría, permisos de trabajo y de residencia falsificados. También se encontraron impresos sobre altas en el Impuesto de Actividades Económicas. Las primeras investigaciones dieron como resultado el descubrimiento de una red de personas integrada por ciudadanos españoles y extranjeros que cobraban un mínimo de 300.000 pesetas por cada uno de los documentos, cuyo soporte era auténtico, aunque eran falsos los datos que constaban en los mismos. La mayoría de estos papeles eran utilizados para legalizar en España la situación de inmigrantes.

El magistrado ordenó entonces la intervención de los teléfonos de varios de los implicados, entre ellos el cabecilla de la red. Estas escuchas aportaron las pruebas de cómo se realizaba el negocio y la forma en la que se blanqueaba el dinero obtenido del tráfico de documentos falsificados.

Tras varios meses de investigaciones se pudo determinar la presunta participación de un funcionario de la Delegación de Hacienda de Madrid, quien supuestamente facilitaba impresos y la información requerida a los responsables de la red, para lo que utilizaba la base de datos de la Delegación.

El juez García Castellón ha ordenado el secreto del sumario y al mismo tiempo se han practicado varios registros. Entre ellos destaca el de la Delegación de Hacienda de la calle de Guzmán el Bueno, de Madrid, las tesorerías de la Seguridad Social de las calles Pradillo, Villanueva o Zurbano, varios centros de trabajo y domicilios particulares. Las entradas y registros se iniciaron ayer por la mañana. Los funcionarios judiciales se han incautado de abundante documentación cuyo estudio llevará cierto tiempo.

Blanqueo del dinero

Otro de los registros, según fuentes jurídicas, se llevó a cabo en un concesionario de compraventa de automóviles, desde el que se emitían facturas falsas con el fin de blanquear el dinero que se cobraba a los clientes de la red de falsificación. Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que se ha calculado que varios centenares de inmigrantes de varios países han legalizado su situación en España por este método. Algunos han conseguido el permiso de trabajo, aunque de hecho no disponen de ocupación, otros, el permiso de residencia, con lo que basándose en ellos han obtenido los documentos restantes. Otros han pagado directamente por la totalidad de los documentos, lo que suponían pagos de aproximadamente un millón de pesetas, dependiendo en ocasiones de la capacidad económica del inmigrante en cuestión, que suele ser escasa.