Directores de sucursales de una entidad de ahorro captaron acciones para Roig

Al menos tres directores de sucursales de la Caja Rural de Valencia captaron acciones para Francisco Roig en la última ampliación de capital del Valencia. Estos directores pusieron sus nombres, los de algunos de sus empleados y de algunos de sus clientes a disposición de la red de testaferros que urdió Roig para hacerse con el Valencia. José Garrido, secretario de presidencia de la Caja Rural y consejero del Valencia, invitó a -estos, directores a que consiguieran acciones, según admitió el propio Garrido. "Pero era a título personal. Son amigos míos", dijo Garrido.

Garrido quiso desvincular su cargo en la Caja Rural -secretario de la presidencia de los servicios centrales de la entidad- de sus contactos con algunos directores de sucursales. "Yo no he utilizado la infraestructura de la Caja para nada. Simplemente he contactado con amigos que tengo y les pedí acciones. Yo pido acciones a todo el mundo. A mí un amigo me pide que le compre una acción y se la compro", declaró Garrido.La última ampliación de capital del Valencia -de 800 millones de pesetas y 102.000 acciones vendidas- supuso la creación de una red de testaferros por la que el ex presidente del Valencia, Francisco Roig, sus familiares y consejeros trataron de comprar el club de Mestalla. El consejero José Garrido participó en esta trama, como también lo hizo el actual presidente, Pedro Cortés -con la compra de unas 600 acciones-, aunque en menor medida que Roig, que adquirió 11.353.

Este diario ha tenido acceso a la red de testaferros de más de 5.000 personas que, consciente o inconscientemente, prestaron sus firmas y datos personales para que Roig y sus consejeros acumularan acciones en una ampliación con un límite de compra de nueve títulos. La Fundación del Valencia ha demandado esta ampliación y ha pedido su anulación. La sentencia, en el juzgado número 22 de Primera Instancia de Valencia, se espera para finales del presente mes. Más de 2.500 personas compraron nueve títulos del Valencia en el verano de 1996 y las vendieron a los pocos días, justo después de la conclusión de la ampliación de capital, el 18 de septiembre de 1996.

José Escamilla Subiela, máximo responsable hasta hace unos días de la Caja Rural en Benaguasil -pueblo a unos 20 kilómetros de Valencia-, es uno de los directores de sucursal que ayudó a José Garrido a buscar acciones en esta localidad valenciana. Lo hizo entre algunos jubilados que ni siquiera conocían su papel de testaferros. Es el caso de Alfonso Rodríguez Ibáñez, de 80 años, que el pasado sábado declaró a este periódico que sólo había comprado acciones una vez en su vida, concretamente al Banco Popular Español. Rodríguez vive solo desde que falleció su mujer hace 14 años.

Tras aparecer esta información el domingo en EL PAÍS, Garrido encontró ayer una explicación: "Este hombre no se acuerda de que ha sido accionista. Pero llámale hoy [por ayer] y verás cómo ya se acuerda". El que no se acordaba ayer era otro jubilado de Benaguasil, Jesús Escamilla Sanchis, que, preguntado si había sido accionista del Valencia en el verano de 1996, respondió: "Nunca jamás". Escamilla, que conserva sus ahorros en la Caja Rural de su localidad, no se explicaba cómo su nombre podía aparecer en la lista de accionistas del Valencia.

Santos Fernández, subdirector de la Caja Rural de Valencia, declaró ayer que desconocía cualquier vinculación de esta entidad de, ahorros con la última ampliación de capital del Valencia. "Institucionalmente, no sabemos nada, Habremos de oir a las partes implicadas", dijo d.

Este caso, el de desconocimiento de su papel de testaferros en la trama urdida para acumular acciones, puede ser constitutivo de falsedad en documento mercantil, según explicó la abogada penalista Seila Mollá. De cualquier modo, la responsable de la autenticidad de la compraventa de acciones es la secretaria del consejo de administración del Valencia, Beatriz Delgado, según un agente de cambio y Bolsa consultado.

Accionistas por España

La red de testaferros del Valencia llegó a los puntos más variados de España. Desde los empleados de una empresa de plásticos en Ibiza (que compraron y vendieron sus acciones al consejo del Valencia José López Lluch, tras "haber rellenado unos papeles", según confesaba una joven trabajadora), hasta la trama desplegada por Arteixo (A Coruña), Amorebieta (Bilbao) u Hondarribia (Guipúzcoa).En el gráfico de la parte superior de la página aparecen las personas que venden sus acciones poco después de haberlas adquirido. El mapa especifica el número de accionistas en cada uno de los puntos de España.

Llama poderosamente la atención el gran número de accionistas que registra la provincia de Castellón, donde Fernando Roig, hermano de Francisco y presidente del Villarreal y del Pamesa, tiene el grueso de su empresa de cerámica.

Entre los empleados del club que participaron en la red de captación de testaferros de Roig, no figura el responsable de la publicidad de Mestalla, tal y como publicó por error el domingo EL PAÍS. La información confundía en la información a José Barberá Ruiz, de GM Publicidad, con José Francisco Barberá Martínez, que actuó de intermediario de Roig.