17 años de espera para sentarse en el banquillo

Al ser detenidos en 1980, en una operación policial que concluyó con 21 detenidos por falsear documentos bancarios, los acusados vestían pantalones acampanados y en sus rostros resaltaban las patillas anchas y gafas negras cuadradas. Desde aquella espectacular redada han pasado 17 primaveras, y de los 21 detenidos, casi todos uruguayos, sólo cinco acudieron ayer al juicio que se celebró, por fin, en la Audiencia de Madrid.Una demora que, sin embargo, a la postre les ha beneficiado: cuando los acusados acudieron al banquillo ayer por la mañana, sobre ellos pesaba una petición del fiscal de seis años y un día de cárcel para cada uno; sin embargo, salieron del edificio judicial con una condena de sólo un mes de cárcel, que, además, no tendrán que cumplir por carecer de antecedentes penales. El fiscal, de acuerdo con las defensas, decidió rebajarles la pena a un mes.

Tan larga demora, según fuentes jurídicas, no es sólo achacable al tribunal, que, por otra parte, ni siquiera existía como tal cuando las diligencias arribaron a la Audiencia. Antes de llegar a este tribunal, la causa estuvo varios años en otra sección de la Audiencia, tras pasar nueve años en las manos de al menos dos jueces instructores de la plaza de Castilla. Curiosamente, la causa que se abrió en 1980 contra los acusados se catalogó entonces "como un sumario de urgencia", según rezan las diligencias judiciales.

Tras nueve años de recursos y pesquisas judiciales, el fiscal acusó de falsedad a 12 de los 21 detenidos (el resto está en situación de rebeldía). Tras la detención policial, varios de los procesados, incluido alguno de los cinco que acudieron ayer al juicio, estuvieron en prisión provisional varios meses, más tiempo que la condena ahora impuesta.

El juicio de ayer fue visto y no visto: sólo duró unos minutos, en contraste con los 17 años de espera. Fue así porque los acusados (los que quedan de aquella añeja redada) se conformaron y aceptaron el mes de cárcel que ofreció el Fiscal tras tan dilatada espera.

El fiscal les acusó de falsear pasaportes y documentos de identidad, que robaban en descuidos de sus titulares. Con ellos sustrajeron, que se haya logrado probar, cerca de un millón de pesetas, de los de la época.