Portugal indemnizará a los españoles expropiados durante la revolución

El Gobierno socialista portugués ha desbloqueado un comité hispano-luso, que no se reunía desde 1990, para indemnizar a un grupo de españoles cuyas propiedades y empresas fueron expropiadas durante la revolución de los claveles (1974-75) y no reclamaron por vía judicial. Éste es uno de los acuerdos que anunciarán el miércoles en Madrid el presidente José María Aznar y el primer ministro luso, Antonio Guterres, tras la cumbre que reunirá desde mañana a ambos Gobiernos en el palacio de La Moncloa.

Las excelentes relaciones que atraviesan los dos países han permitido que el Ejecutivo de Antonio Guterres desbloquease el mencionado comité mixto, que volvió a reunirse en Lisboa a principios de este mes tras un paréntesis de siete años para "hacer un inventario" de la situación de una docena de españoles expropiados durante los Gobiernos revolucionarios que siguieron al golpe incruento del 25 de Abril (1974).Las ocupaciones de tierras y expropiaciones decretadas durante esa etapa afectaron a un amplio grupo de españoles, residentes en Portugal, la mayoría de los cuales resolvieron sus contenciosos por vía judicial.

El comité mixto estudiará las indemnizaciones a pagar a este último grupo de españoles que no acudieron a los tribunales ordinarios y confiaron en una resolución entre los Gobiernos de ambos países.

El abogado luso Antonio Pires de Lima, habitual defensor de intereses y empresas españoles en el país vecino, reconoció a EL PAÍS que fue informado de la mencionada reunión en Lisboa y explicó que "el caso podría resolverse con unos 130 millones de pesetas, si exceptuamos el caso, más complicado, de la familia Peña" que reclama una indemnización que ronda los 16.000 millones de pesetas.

Mil trabajadores

El Gobierno portugués detuvo en Lisboa al empresario español Joaquín Peña, ya fallecido, y expropió su empresa de construcción y promoción inmobiliaria, Habitat, con 1.000 trabajadores en nómina. Su hijo, Francisco Peña, explica que los perjuicios causados a la empresa fueron cuantiosos: "Tomaron una empresa rentable y saneada y nos la devolvieron cuatro años después con 450 trabajadores y con los salarios sin pagar durante un año; es decir en la ruina". Fuentes diplomáticas consultadas por este periódico consideran que "éste es el caso más delicado puesto que supone una alta indemnización y una parte de sus reclamaciones se encuentran en manos de los tribunales".No obstante, fuentes diplomáticas de los dos países han reconocido que existe una "excelente disposición de Portugal" para resolver rápidamente un contencioso que ya dura 22 años. El comité mixto volverá a reunirse nuevamente en Lisboa para analizar los datos actualizados de todas estas familias.

Por otro lado, la cumbre hispano-portuguesa anunciará también la creación de otro comité hispano-luso que se ocupará de controlar y resolver los conflictos pesqueros comunes, especialmente en la zona del Estrecho, donde los barcos españoles son acusados de faenar con cierta frecuencia en aguas lusas.

Los dos gobiernos facultarán al mencionado comité para que concentre las competencias sobre el control de los límites fronterizos y las licencias para faenar fuera de sus respectivas aguas territoriales.