Víctímas de la colza piden al Defensor del Pueblo que medie ante el Gobierno

Unas 6.500 víctimas de la colza han solicitado al Defensor del Pueblo que medie ante el Gobierno para que se cumpla cuanto antes la sentencia del Tribunal Supremo, del pasado mes de septiembre, condenatoria para dos ex cargos públicos por un delito de imprudencia temeraria y según la cual el Estado es responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones fijadas. De acuerdo con los cálculos iniciales, éstas -oscilan entre los 90 millones para los afectados con gran invalidez y las 150.000 pesetas para aquéllos cuyas lesiones sólo duraron dos semanas, pasando por los 15 millones para los herederos de los muertos podrían superar el medio billón de pesetas.

El escrito que se ha hecho llegar a la mencionada institución, a través de los abogados Ignacio Uriarte y Antonio García-Pablos, consta de siete puntos. En el primero se le pide que inste del Ejecutivo "un compromiso público y oficial" en orden al cumplimiento del fallo judicial y en el que se especifique "el plazo máximo" para ello, así como "las vías de financiación y obtención de recursos" para los pagos a efectuar. Asimismo, en el segundo se le demanda que se dirija a los presidentes de las comunidades autónomas cuyos ciudadanos sufrieron el síndrome tóxico para ver si están dispuestas a colaborar en ellos "por razón de corresponsabilidad y solidaridad social".

Censo oficial de enfermos

En los otros apartados se reclama la elaboración y publicación del censo oficial de los enfermos, ya que incluso los no representados en el procedimiento penal tienen derecho a las compensaciones económicas; la determinación del quantum global de las indemnizaciones y del alcance de los conceptos "deducibles" e "indemnizatorio"; una mejora sensible en la dotación de medios -médicos forenses, personal auxiliar...- e infraestructura del órgano jurisdiccional que ha de ejecutar la sentencia, y la agilización del proceso en general.