El fiscal eleva a definitiva su petición de 8 años de cárcel para cada miembro de la Mesa de HB

El Ministerio Fiscal elevó ayer a definitivas sus conclusiones sobre los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y pidió para cada uno de ellos una pena de ocho años de prisión por un delito de colaboración con banda armada. La defensa de HB, mientras, pidió a la Sala Segunda que elevase al Tribunal Constitucional una consulta sobre la constitucionalidad del artículo 576.2 del nuevo Código Penal. Esta petición, de ser aceptada, podría demorar varios años la sentencia. Al margen del proceso que se sigue en el Tribunal Supremo, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, advirtió ayer que ETA "tratará de hacer el mayor daño posible, sea cual sea la sentencia".

El fiscal y las acusaciones particulares del Partido Socialista de Euskadi y de la familia Múgica elevaron ayer a definitivas sus conclusiones, en las que solicitan una pena de ocho años de cárcel y una multa de 500.000 pesetas para cada uno de los 23 miembros de la Mesa de HB. La Asociación Víctimas del Terrorismo, por su parte, reclamó una pena de 22 años para cada acusado por un delito de pertenencia a banda armada y otro de colaboración continuada con banda armada, así como una multa de 3 millones de pesetas a cada uno.La defensa de Herri Batasuna, que pide la libre absolución, pidió a la Sala Segunda que eleve una cuestión de inconstitucionalídad sobre el artículo 576 del nuevo Código Penal, por entender que el mismo contraviene el principio de legalidad.

A juicio de la defensa de Herri Batasuna, las acusaciones tratan de dar encaje a los hechos en el último inciso del artículo 174 bis a) 2. del antiguo Código Penal, que considera actos de colaboración con banda armada "cualquier otra forma de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas o elementos". Sin embargo, la defensa entiende que debe aplicarse el artículo 576 del nuevo Código Penal, por ser más favorable a los acusados, cuya redacción considera actos de colaboración "en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas, organizaciones o grupos terroristas".Según HB, este texto no se atempera al principio de legalidad, ya que los términos "equivalente", "en general" o "de otro género" son tan abiertos que su aplicación no depende de una decisión prácticamente "libre y arbitraria" de los jueces. Si el Supremo acepta la propuesta de HB, el fallo de la sentencia quedaría condicionado a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que previsiblemente tardaría años en producirse.

Por otra parte, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, puso de relieve ayer el "escaso éxito" de las movilizaciones contra el juicio a la Mesa (le HB, y señaló que las convocadas en Vitoria y Bilbao en vísperas del proceso apenas reunieron una treintena de personas. Añadió que de las 153 convocatorias comunicadas al Gobierno vasco, 40 no llegaron a celebrarse.