Los partidos negocian hacer por consenso una ley para su financiación

Ahora parece que va en serio la intención de los partidos políticos de elaborar una ley que regule su financiación. Los grupos parlamentarios se reunieron ayer en él Congreso para hacer una síntesis de sus distintas posiciones que den lugar a un texto único que será ley para comienzos de 1998, según intención expresada por el ponente del grupo popular, Jaime Ignacio del Burgo. Ya se puede vislumbrar el final en el que habrá un amplio acuerdo, aunque las cesiones que cada cual tendrá que hacer se irán desgranando en los próximos meses.El PSOE quiere enmendar al completo la propuesta del PP sobre control del dinero, al considerar que la redacción efectuada por los populares en esta materia es claramente insuficiente. Este control se haría a través del Tribunal de Cuentas, al que el PSOE quiere ampliar notablemente sus competencias.

En esta primera reunión se vieron las caras los parlamentarios del PP Jaime Ignacio del Burgo y Álvaro la Puerta frente a los socialistas Francisco Fernández Marugán y Fernando Gimeno.

Luis Mardones acudió en nombre de Coalición Canaria. CiU, PNV e IU excusaron su presencia por no, tener disponibilidad de parlamentarios, ya que la totalidad de los miembros de estos grupos pequeños estaban repartidos en otras comisiones. En todo caso, todos tienen ya el texto que ha elaborado el PP, con una síntesis de las propuestas antiguas de los demás, y tienen hasta el próximo día 8 de octubre para presentar enmiendas.

El PSOE ha previsto presentar su propio texto y que se considere como enmienda al documento entregado por el PP. En lo sustancial hay acuerdo, pero se quieren extremar las medidas de control. Si prospera la idea de los socialistas, el Tribunal de Cuentas verá ampliadas sus competencias hasta el punto de poder dirigirse a las entidades con las que trabaja el partido político en cuestión para controlar la veracidad de lo que esa fuerza política ha declarado como ingresos y gastos.

Donaciones anónimas

En el texto presentado por el PP ha desaparecido la figura de las donaciones anónimas, cuestión que hacía imposible el acuerdo con los socialistas. El PSOE, por su parte, transigirá en, la propuesta del PP de que las donaciones privadas, sean de personas físicas o de empresas, tengan un límite. Se pone como cantidad aproximada 15 millones por persona y año, aunque al final de la discusión pueda elevarse en cinco o 10 millones más. Los socialistas han renunciado a su idea de que una vez aceptadas las entregas privadas de personas y empresas resultaba innecesario poner un límite, al prever que serán tan pocas que si alguien tiene el gesto o el deseo de entregar 60 millones, ponen como ejemplo, no habría que poner cortapisas dada la excepcionalidad.