Piqué confirma que el objetivo del Gobierno es privatizar todo el sector público empresarial para evitar pérdidas

Si quedaba alguna duda ayer se disipó. "La integración de la AlE en la SEPI va orientada a la privatización del sector público empresarial". Así lo dijo ayer el ministro de Industria, Josep Piqué, después de que el Gobierno aprobara que la Sociedad Española de Participaciones Empresariales (SEPI) absorba a la Agencia Industrial del Estado (AIE), con todas sus deudas y personal.Piqué defendió la operación porque "reestructura totalmente el sector público con el objetivo de que en el año 2000 todo las empresas públicas, con la excepción del carbón, den beneficios". "Con este nuevo modelo es factible ese horizonte", prosiguió, "es dar una vuelta al calcetín público y abordar frontalmente un problema histórico que era un lastre para el Estado. La SEPI no podrá apelar a los Presupuestos".

La nueva SEPI nacerá con unos fondos propios de 900.000 millones y con el compromiso de no rebajarlos en dos años para que no pierda solvencia en los mercados financieros, ya que la SEPI es la gestora de las empresas públicas y la que diseñará técnicamente las privatizaciones sucesivas. Actualmente la SEPI cuenta con recursos propios de 293.496 millones de pesetas y unas deudas de 369.600 millones.

La privatización de Endesa participada por el Estado en un 66% se encargará de aportar los fondos suficientes para que la nueva SEPI disponga de esos fondos. Piqué recordó que el valoren el mercado del 100% de Endesa es de tres billones. La SEPI es titular del 66% de Endesa.

El presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, señaló que el objetivos es conseguir por ventas de empresas públicas 1,3 billones este año y 1,1 billones en 1998.

La lógica de la operación la explicó el ministro: "Las empresas que están actualmente integradas en la AlE ha necesitado entre 1988 y 1996 aportaciones públicas por valor de 2,35 billones de pesetas sin que este dinero haya evitado que perdieran 1,35 billones de pesetas y encima acumularan una deuda financiera de 429.618 millones y redujeran su plantilla en 33.395 trabajadores".

La nueva SEPI asumirá los compromisos salariales y laborales de los sucesivos ajustes que no estaban contabilizados en la cuenta de resultados de las empresas y que ascienden a 1,2 billones de pesetas. Además hay una deuda con Hacienda y la Seguridad Social de 50.000 millones.

Tanto el PSOE como los sindicatos coincidieron ayer en que se trata de proseguir con la estrategia de liquidar el sector público. Juan Manuel Eguiagaray, secretario de Economía del PSOE, recalcó ayer que "la obsesión privatizadora oscurantista del Partido Popular llega a límites increíbles". Según Eguiagaray, que como ministro de Industria creó la AlE y la SEPI, el Gobierno necesita "manos libres" y por eso desvincula del Presupuesto a todo el grupo público.

UGT mostró su "más profundo rechazo tanto por el fondo como por la forma en que se ha tomado la decisión". CC OO exigió un proceso de información y negociación transparente que garantice el empleo.