De Moscú a Grozni

NINGÚN POLÍTICO ruso puede admitir abiertamente la posibilidad de que Chechenia se convierta de iure en lo que ya es de facto: un Estado independiente. Los dirigentes de Moscú ponen con frecuencia el ejemplo de otra república de la Federación Rusa (Tatarstán), con la que, en 1994, suscribieron un acuerdo de delegación de poderes, sin cuestionar por ello su pertenencia a la federación. Pero son casos muy diferentes. Primero, porque en la práctica Chechenia funciona como un Estado soberano desde 1991, antes incluso del colapso de la URSS. Segundo, porque Moscú no puede ya amenazar con una guerra: la hubo y no sirvió para resolver la cuestión. Sin embargo, los dirigentes chechenos, con el pragmático Aslán MasJádov a su cabeza, son conscientes de que es dificil que ningún país se atreva a reconocer su independencia mientras Moscú no lo haga. De ahí su pretensión de que se establezcan relaciones diplomáticas y de que se firme un tratado de Estado a Estado que fije, de forma clara e indiscutible, que Chechenia es una nación libre, soberana e independiente. En teoría, los acuerdos fijados tras la guerra daban un plazo de cinco años para la negociación del "estatuto definitivo", pero los líderes de Grozni quieren acelerar las cosas.El resultado de la cumbre de la semana pasada -en la que prácticamente se trató a Masjádov como a un jefe de Estado- fue presentado por ambas partes como un éxito que abre camino a un acuerdo que deberá ser desbrozado por la comisión mixta creada al efecto y que empezará a trabajar dentro de unos días. Pero la distancia parece infinita entre la "mayor libertad" que Yeltsin promete y la "soberanía e independencia total" que Masjádov reclama.

Las prácticas mafiosas surgidas al calor de la guerra son un factor adicional de conflicto. La principal cadena privada de televisión rusa, que ha tenido que pagar 150 millones de pesetas para rescatar a tres periodistas secuestrados, ha acusado al presidente checheno de complicidad en la captura de rehenes. Yeltsin se ha visto obligado a desautorizar al vicesecretario del Consejo de Seguridad, Borís Berezovski, que se había mostrado de acuerdo con el fondo de esa acusación.