"No pensamos romper, pero el Gobierno actúa con cierta soberbia"

Josep Antoni Duran Lleida desmiente que CiU esté preparando la ruptura con el Gobierno del PP, si bien censura la soberbia de éste que le lleva a ignorar a menudo que necesita apoyos externos. Afirma también que el Ejecutivo haría bien en hacer caso de las advertencias de Bruselas por la televisión digital.Pregunta. Muchos analistas ven detrás de la nueva batería de reivindicaciones autonómicas de CiU un camino para desengarcharse del PP una vez superado el examen de Maastricht. ¿Es así?

Respuesta. No. Nosotros mantenemos el compromiso de garantizar la gobernabilidad, un compromiso con vocación de legislatura. Lo que ocurre es que siempre lo hemos condicionado a la capacidad del PP de concertar con nosotros su acción de gobierno. Y es verdad que, sin poder señalar un listado de actitudes concretas, porque sería injusto, hay en el ambiente una sensación de que el Gobierno no acaba de entender demasiado bien qué significa concertar la acción de gobierno con sus socios y en particular, un poco en exclusiva, con la coalición de Convergència i Unió. Creo que hay dos elementos fundamentales que determinan esta actitud del Gobierno: Una, que las cosas le van demasiado bien. Y eso es bueno para España, es bueno para el PP hoy, pero no necesariamente es bueno para el PP mañana. Que quede claro que nos alegramos y nos sentimos en cierta medida corresponsables, pero da al PP y al Gobierno una cierta actitud de superioridad y de soberbia. Sin tener mayoría absoluta, en la práctica actúa como si la tuviera, como si no necesitase socios. Y dos que mientras parece asumir la especificidad vasca, le cuesta entender y aceptar la catalana. Son dos parámetros que deben tenerse en cuenta, pero sin que hoy definan un estado concreto que pueda predeterminar una evolución política concreta.

P. Aclaremos un concepto: el nuevo sistema de financiación que ustedes reclaman es para sustituir el actual, en el 2001, no antes.

R. Evidentemente. Nosotros, Convergència i Unió, debemos ser muy conscientes del momento en que vivimos y de nuestras responsablidades tanto en política catalana como en política española. Por tanto, no podemos continuar proponiendo hoy la cesión de unos impuestos y mañana otro tipo de modificación en el terreno de la financiación. Es hora de hacer planteamientos definitivos.

P. ¿Entonces, qué sentido tiene plantearlo con tanta antelación, creando desconcierto y preocupación, sobre todo enMadrid?

R. Madrid es muy propenso a desconcertarse y a autocrearse recelos, ¿no? Yo creo que una cuestión tan importante como la del sistema de financiación vale la pena ablandarla con tiempo. Un cambio de esta naturaleza no se puede plantear ni en uno ni en dos años, entre otras razones porque los partidos políticos de ámbito estatal han hecho mucho daño en los últimos años, especialmente cuando uno u otro han sentido la necesidad de atacar la colaboración del nacionalismo catalán con el Gobierno, y lo han hecho, además, utilizando de una manera muy directa la cuestión de la financiación y de la solidaridad. Se necesita mucha pedagogía para que se pueda aceptar y entender lo que está planteando CiU, que es una propuesta justa y solidaria con el conjunto del Estado.

P. ¿No será que lo plantean tan pronto porque CiU necesita levantar algún tipo de bandera reivindicativa ante su electorado?

R. No es esto, pero sería legítimo que así fuera. Evidentemente que existirá este planteamiento, pero no lo hacemos para poder excusarnos y justificarnos ante nuestro electorado. Una cosa puede ser perfectamente separable de la otra.

P. ¿Cree que habrá elecciones anticipadas en Cataluña?

R. No. No creo que haya elecciones anticipadas en Cataluña más allá de aquellos ajustes que en alguna ocasión ha aplicado el presidente Pujol. Pero no veo una anticipación política.

P. La financiación de la sanidad está encallada y el Gobierno da la impresión de que quiere utilizar este asunto como prenda para garantizar el apoyo de CIU a los Presupuestos del año que viene, pero el voto a los Presupuestos parece bastante claro...

R. No estaría del todo de acuerdo, aunque tampoco querría decir que sólo el asunto de la sanidad es la condición para aprobar los Presupuestos. Nosotros hemos demostrado sobradamente tener responsabilidad en aquello que se califica habitualmente como decisiones de Estado. Es evidente que los Presupuestos del 98 entran dentro de esa calificación, porque consolidarán o no la posibilidad de incorporar España a la Unión Económica y Monetaria. Con esta responsabilidad acudiremos al debate presupuestario. Ahora bien, el Gobierno tiene mucha más responsabilidad que nosotros, y por tanto debe ser capaz de obtener el voto favorable de CiU concertando con nuestra coalición los objetivos de estos Presupuestos.

P. Financiación sanitaria, más dinero para la aplicación de la reforma educativa, nuevas inversiones públicas en Cataluña... ¿Hay alguna otra prioridad de CiU para esos presupuestos?

R. No. Las líneas básicas son financiación de sanidad -financiación global de la sanidad, no sólo de la catalana, como se transmite a menudo-; financiación de la LOGSE; inversión, en un doble sentido: incremento de la inversión como instrumento de activación económica e inversión explícita para Cataluña, no sólo por el margen diferencial que existe con respecto al resto de España, sino porque el Gobierno aún no ha ejecutado los compromisos de los Presupuestos de este año. Y después hay un par de compromisos más que el Gobierno debe concertar con nosotros: una política fiscal en favor de la familia y una política fiscal para mejorar la creación de puestos de trabajo con apoyo a la economía productiva.

P. Francisco Álvarez Cascos ha dicho que las nuevas transferencias que se piden desde la Generalitat deberán esperar a otra legislatura porque no figuran en el pacto de investidura.

R. En un artículo en EL PAÍS, Javier Pérez Royo recordaba un discurso de Maura en 1904 y escribía que uno de los vicios de este país era la falta de respeto al Dereho. Y esa expresión del vicepresidente del Gobierno es una manifestación de ese vicio, por lo que se ve histórico, del país. El Estatuto es una ley orgánica que hay que cumplir, y consecuentemente el Gobierno, dependa o no dependa de los votos de otro, tenga concertado o no un pacto de gobernabilidad con la coalición de CiU, debe ser el primero en cumplir esa ley, y por tanto las transferencias que se contemplan en ella.

P.Pues Manuel Fraga dijo días atrás que el Gobierno del PP ya les ha dicho a CiU y PNV que el límite de sus aspiraciones está en la Constitución.

R. En nombre de la Constitución se hizo la LOAPA y si alguien violó entonces la Constitución no fueron los nacionalistas catalanes. En Unió somos muy conscientes de que el límite es la Constitución, que aceptamos. Por eso renunciamos a plantear reformas constitucionales aunque mantengamos como principio que la confederación es la fórmula que mejor refleja cómo entendemos una España plurinacional. En lo que se refiere a la financiación, quiero recordarle a Fraga que nuestro Estatuto prevé la bilateralidad en la relación de la Generalitat con el Gobierno del Estado así como los mecanismos para determinar el montante de la financiación, y que la Constitución garantiza el principio de solidaridad, y que ésta no puede ser de una única dirección, de Cataluña al resto del Estado.

P. El PSOE ha ofrecido al PP un pacto autonómico. Y CIU ha puesto el grito en el cielo. ¿No tienen derecho, PP y PSOE, a concertar un desarrollo del Estado de las autonomías?

R. Yo no he puesto todavía el grito en el cielo, aunque entiendo a quienes sí lo han hecho, porque la experiencia legitima esa actitud. Yo soy de quienes suscriben que el mapa autonómico necesita una reordenación. Otra cosa será la dirección que toma esta reordenación. Si sirve para generalizar aún más el proceso autonómico uniformizador, evidentemente será un pacto autonómico en contra de los planteamientos de CiU. Si en cambio significa volver al espíritu de la Constitución, aquel, que en una entrevista reciente, en EL PAÍS por cierto, el ex presidente del Gobierno definía como de una doble vocación: una, para dar una respuesta político-administrativa y otra, con un contenido realmente nacional y diferenciador, bienvenido sea el pacto.

P. ¿Se encuentra cómodo apoyando a un Gobierno al que se acusa de querer controlar la sociedad civil y de ahogar las libertades? Ahí está la denuncia de los fiscales y la guerra de la televisión digital. CiU ha discrepado pero mantiene el apoyo global.

R. Sobre interferencias del poder en la sociedad civil, si se dan con el PP no son nuevas en la política española. El PSOE no puede sentirse virgen cuando hace este tipo de acusaciones. Pero yo no mezclaría una cosa con otra. En el tema de los fiscales suscribo lo dicho por Aznar de que resulta sorprendente el recurso de apelar a Bruselas, pero el PP no puede lavarse las manos en esta cuestión, como tampoco puede hacerlo el PSOE. Es una de las consecuencias de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, que vivimos muy particularmente en la legislatura 1993-1996, y el PP, y por tanto el gobierno hoy, no puede sentirse ajeno a ello. En el asunto de la televisión, usted lo ha recordado, nosotros no hemos suscrito algunas de las actitudes del Gobierno. Y creo que cuando la Unión Europea advierte de manera reiterada al Ejecutivo español que se confrontará con él ante el Tribunal Europeo de Justicia, el Gobierno haría bien en recapacitar sobre sus actitudes. Yo, del Gobierno, tendría en cuenta la posición de Bruselas y no la menospreciaría. ¿Invade con esto el Gobierno... ? Bueno, el Gobierno toma decisiones políticas, evidentemente, en este terreno.