Los jueces anulan provisionalmente la orden para adjudicar los pisos "okupados" de Carabanchel

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó ayer un auto de suspensión provisional de la convocatoria para la adjudicación de 147 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en el Paseo del Quince de Mayo (Carabanchel). Desde hace diez días dos portales de esas viviendas están okupados por una asociación vecinal que discrepa con el sistema de concesión.En dicha convocatoria suspendida, del 1 de agosto de 1996, la administración regional explicaba el sistema elegido para conceder las viviendas y las características que debían reunir sus adjudicatarios. Posteriormente, la Comunidad resolvió en junio de este año a quien entregaba los pisos según un sorteo y una baremación.

La asociación de Carabanchel Bajo-San Isidro había presentado dos recursos ante el Tribunal. Uno, del pasado 24 de abril, contra la decisión del gobierno regional de destinar estas 147 viviendas a personas necesitadas de toda la ciudad y no a la remodelación de Carabanchel aprobada en 1979. Según Julia García, presidenta de la asociación, los pisos corresponden a la Orden Comunicada de barrios en Remodelación y no pueden a satisfacer la demanda de vivienda social proveniente de otros barrios sino que son sólo para vecinos necesitados de piso de la zona.

Posteriormente, el pasado 26 de julio, la asociación presentó al Tribunal un escrito, solicitando suspender las adjudicaciones de estos pisos mientras no se resolviese la cuestión principal. El Tribunal, en su auto, plantea que se suspenda la convocatoria de adjudicación de viviendas, de las que ya están entregadas 138. Es decir, todas salvo nueve.

El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, explicará hoy que decisión va a tomar. Los servicios jurídicos de la Comunidad, en una primera lectura del auto, señalaron que "no tenía efectos inmediatos, ni había que desalojar a las familias adjudicatarias de vivienda". Julia García, por su parte, considera que el Tribunal da la razón a los vecinos, según Europa Press. "Los tribunales han anulado la adjudicación de los pisos porque no se ajustó a la ley".