El juez Coronado afirma que tiene un "fiscal especial" para el 'caso Argentia'

El juez José Emilio Coronado, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, sostiene que "el fiscal recurrente no es el adscrito a este juzgado y que en el tiempo que lleva el titular nunca se ha producido nombramiento de fiscal especial". Así lo afirma al denegar un auto de reforma del ministerio fiscal y de Antonio Navalón pidiendo ciertas diligencias en el caso Argentia bis, entre ellas la declaración de la denunciante Lourdes Arroyo, esposa del ex presidente de Banesto Mario Conde. El fiscal ya ha recurrido en queja.

Fuentes solventes indicaron que la fiscal adscrita al juzgado numero, 16 de Madrid no fue informada ni consultada por el juez Coronado al decidir éste enviar una comisión rogatoria a Suiza, tras una primera petición firmada por Lourdes Arroyo, de entrada y registro en los domicilios de Navalón y de Diego Selva, ex asesores de Conde, el pasado 27 de mayo, en el juzgado de guardia, a cargo del juez Coronado, y de una "ampliación de denuncia", presentada un día después, el 28 de mayo, ya ante el propio juzgado 16. La fiscal, según dijeron las fuentes, está embarazada, pero informó sobre las citadas diligencias a la Fiscalía de Madrid. En su auto, del pasado 18 de julio, el juez Coronado deniega la petición de tomar declaración a Lourdes Arroyo. "De sobra -señala el juez- conocen los recurrentes -y muy especialmente el Ministerio Fiscal- que en la práctica judicial no es habitual requerir a la parte solicitante de medidas cautelares que se aclaren de dónde provienen sus confidencias o sus indicios que motivan la solicitud de' tal medida". El juez recuerda, asimismo, que Navalón le insta a investigar las razones en las que se apoyó la denuncia de la esposa de Conde. "Sin embargo, no parece opinar que dicha obligación [artículo 311 de la ley de Enjuiciamiento Criminal] también obligue al instructor a librar una comisión rogatoria para esclarecimiento de los hechos", dice el auto.Navalón, que ha presentado una querella por un delito de presunta prevaricación contra el juez Coronado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no ha pedido la nulidad de las actuaciones del citado magistrado, esto es, el envío de la comisión rogatoria a Zúrich (Suiza) para conocer quiénes son los beneficiarios del pago de 600 millones de pesetas abonados según instrucciones de Mario Conde a la sociedad Argentia Trust en 1990. Diego Selva, el otro ex asesor de Conde denunciado por falso testimonio junto con Navalón, ha solicitado, en cambio, la nulidad de todo lo actuado, incluyendo el envío de la comisión rogatoria a Suiza el pasado 2 de junio, según un escrito pendiente de resolución. La afirmación del juez Coronado en el sentido de que se le ha nombrado un fiscal especial por parte de la Fiscalía de Madrid, cuyo jefe es Mariano Fernández Bermejo, aparece recogida en el punto tercero del auto. Se trata de una respuesta a uno de los abogados, Gonzalo Vázquez Parreno, que ejerce la acción popular en esta causa. El otro abogado que ejerce la acción popular es Juan Francisco de Rojas, quien a su vez representa a presuntos abonados perjudicados en el caso Sogecable, que se instruye en el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional