El alcalde ordena investigar si hubo trato de favor en el concurso de basuras

El concejal de Medio Ambiente, Adriano García Loygorri, que no ha firmado la propuesta de adjudicación del contrato, hizo ayer las primeras declaraciones desde que se desató la polémica "No me consta que haya existido trato de favor en este expediente", declaró a Efe. García Loygorri, por si no había quedado claro que la propuesta de adjudicación aprobada de la Mesa de Contratación no es definitiva, recalcó ayer que es el pleno municipal el que debe aprobar el concurso de la basuras. Mientras tanto, el concejal de Limpieza, Luis Molina, que firmó la propuesta técnica a favor de los Albertos, mantiene silencio sobre esta polémica. El PP espera con urgencia los informes del secretario general y el interventor general del Ayuntamiento para poder adjudicar el concurso en el pleno del próximo martes 29 de julio. Por otra para, ayer llegó la luz verde la Comunidad para poder hacer el macrovertedero.La Consejería de Medio Ambiente remitió ayer al Ayuntamiento el informe firmado por la dirección general de Servicios Jurídicos de la Comunidad donde se autoriza la construcción del nuevo depósito de residuos sólidos urbanos de la capital junto a Valdemingómez.

Las tres ofertas presentadas al concurso municipal propusieron construir el vertedero dentro de los límites del parque regional del Sureste, en una zona con protección E.

La Ley del Parque del Sureste establece que en las zonas con protección E "se pueden construir infraestructuras ambientales y/o especiales". Los juristas autonómicos aprovechan su informe para denunciar la imprecisión de la ley para determinar lo que son infraestructuras ambientales y especiales.

Después del varapalo a los legisladores, la dirección general de Servicios Jurídicos considera que un vertedero. bien puede considerarse infraestructura ambiental y especial. Y concluyen: "( ... ) el legislador otorga una autorización para la ampliación que pueda hacerse en el futuro de los vertederos de Pinto y Valdemingómez, que no podrá ser contradicha o impedida por la mera voluntad de la Administración autonómica".