Ratificada una pena de 23 años para una mujer cuyo padre murió desatendido y devorado por perros

El Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la condena de 23 años de cárcel que impuso la Audiencia Provincial de Madrid por parricido a una mujer que dejó abandonado a su padre en una cama, enfermo y paralítico, sin prestarle unos mínimos auxilios, mientras parte del cuerpo era devorado por tres perros que había en la casa.La víctima, Juan A. D., de 61 años, murió el 6 de septiembre de 1993, postrado en una cama de la vivienda que su hija, María D. P., compartía en Alcobendas con Angel H., su compañero sentimental. Para éste, el Supremo también ha confirmado la condena de ocho años que le impuso la Audiencia por un delito de homicidio.

El alto tribunal asegura, en respuesta al recurso elevado por la hija condenada, que lo de menos es si la muerte de Juan A. D., ex funcionario del Canal de Isabel II, se debió o no a las mordeduras de los perros (le comieron parte del cuello sin que él, inmóvil, pudiese evitarlo). Y concreta que, tal como ya señaló la Audiencia Provincial, la terrible muerte se debió a una infección generalizada derivada del "incumplimiento" por parte de la pareja "de los más elementales deberes de cuidado y atención" a una persona totalmente desvalida.Abandonado a su suerte

El Supremo declara probado que la pareja "abandonó a su suerte a la víctima, sin prestarle atención alguna, como requería su grave estado de salud (no se podía mover de la cama y dependía de su hija para su aseo y alimentación), y sin adoptar las medidas necesarias para evitar que los tres perros que había en la casa, uno de ellos, pastor alemán, mordieran al enfermo. Además de los canes, en el domicilio había una serpiente, dos gatos y dos tarántulas, utilizados como animales domésticos. Los perros y los gatos vagaban libremente por las habitaciones de la vivienda, incluida la del enfermo. Los animales, según reveló la autopsia, se comieron parte del cuello, lo que afectó a zonas vitales: yugular, laringe, tráquea... Las fotografías del cuerpo eran espeluznantes.

El tribunal le impuso 23 años de cárcel por entender que el padre sufrió un fuerte padecimiento físico y psíquico, éste último derivado de la desolación e impotencia que suponía verse inmóvil en una cama y sin recibir asistencia ni de su yerno ni de su hija. El tribunal entendió que la hija no debió sacar a su padre, para llevarle a su casa, de la residencia El Plantío, donde inicialmente ingresó tras sufrir la parálisis. Ella le dio de baja en la residencia aduciendo que su estancia allí costaba al mes 180.000 pesetas, cantidad que no podía pagar. Pero entonces ocultó que su progenitor disponía en aquel momento de una pensión por invalidez de 232.000 pesetas. Al morir, su hija se benefició de un fondo de pensiones de 11 millones de pesetas, propiedad del fallecido.

Aunque Juan murió el 6 de septiembre, la pareja no descubrió el óbito hasta la mañana del día 8, dos días después, a pesar de que todos vivían bajo el mismo techo. El cadáver presentaba un cuadro de desnutrición extrema, y portaba unos pañales de adulto llenos de heces y eczemas en la región inguinal. La hija está ahora en la cárcel.