Los magistrados de la Sala Penal protestaron al Poder Judicial

La fiscal María Dolores Márquez de Prado protagonizó también sonados altercados con la Sección Segunda Penal de la Audiencia y con el titular del juzgado número 2, Ismael Moreno. Son otra muestra de lo que el fiscal general del Estado denominó en el expediente de traslado "acritud y excesos" contra jueces y tribunales.A raíz de la sentencia absolutoria del abogado de Herri Batasuna José Miguel Gorostiza, al que había acusado la fiscal Márquez, los magistrados de la Sección Segunda pusieron de manifiesto el "tono destemplado" de la exposición de la fiscal, por más que la "parcialidad y vehemencia" de la misma, añadían, "no pueden conturbar la serenidad e imparcialidad del tribunal".

El 7 de marzo de 1996, Aranda incoó nuevas diligencias cuando varios periódicos se hicieron eco de una "nota verbal" difundida por Márquez de Prado ante la sentencia del caso Gorostiza.

Según la Inspección, el fiscal jefe "se vio obligado a disculparse ante la Sala por el contenido de las notas de prensa", y hubo de dejar claro que no atendió los requerimientos de la fiscal de convocar a la Junta de Fiscales ni accedió a dar una nota a los medios de comunicación. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional expresó su satisfacción por las explicaciones del fiscal jefe.

"Inquietud"

El Pleno de la Sala de lo Penal, -integrado por todos los magistrados de las tres secciones de la Audiencia- trasladó al Presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, "la inquietud de los magistrados por las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre ciertas actitudes atribuidas a la fiscal María Dolores Márquez de Prado ante las resoluciones de las secciones de esta Sala".

La Sala de Gobierno trasladó el escrito al Consejo General del Poder Judicial y al fiscal jefe, que abrió otras diligencias y las trasladó al fiscal del Estado, entonces Carlos Granados. Éste no resolvió nada y el CGPJ dictaminó que del contenido de los artículos periodísticos no se desprendían ataques que perturbasen la función de los magistrados.

En otro apartado del mismo documento, la Inspección señala que el jefe Aranda tuvo que cursar orden escrita a la fiscal Márquez de Prado para que se hiciese cargo de los juicios señalados en la Sección Segunda, por estar su fiscal adscrito al caso Banesto. Previamente, Márquez había devuelto las carpetas correspondientes a estos juicios al fiscal jefe "en protesta por tal asignación".