IU considera ilegal la resolución sobre el militar 'fichado' por la Comunidad

La resolución aprobada por el ministro de Defensa, Eduardo Serra, que permite al teniente auditor Joaquín María Peñarrubia Iza, secretario general técnico de la Consejería de Economía de la Comunidad, mantener todos sus derechos laborales en el ministerio (antigüedad, trienios, mantenimiento del puesto), es "ilegal", según denunció ayer Izquierda Unida.Dicha resolución concede a Peñarrubia Iza su traslado en "servicios especiales" a un puesto de la Comunidad de Madrid declarado de interés para la Defensa.

El acuerdo fue publicado el 22 de abril en el Boletín Oficial de la Defensa y aclara en su último párrafo que tendrá efecto desde el 16 de enero, fecha en que Peñarrubia Iza fue nombrado secretario general técnico en la Consejería de Economía.

"Aquí hay una clara ilegalidad", señala el portavoz de IU, Juan Antonio Candil. "Los efectos retroactivos están prohibidos expresamente en el artículo 29.2 del Real Decreto que regula las cuestiones administrativas del personal militar". Según Candil, este artículo establece que en el pase a la situación de servicios especiales por prestación de servicios de interés para la Defensa, las resoluciones surtirán efectos a partir de la fecha de concesión. "La concesión fue autorizada con resolución de 11 de abril y, sin embargo, en la propia resolución se pretende dar eficacia, desde el 16 de enero, contraviniendo frontalmente la norma legal correspondiente", remachó Candil.

Debate

La polémica sobre la resolución del ministro de Defensa, Eduardo Serra, alcanzó ayer a los principales representantes de los tres grupos parlamentarios. En la Cadena Ser, el consejero de Economía, Luis Blázquez, se defendió: "Hay dos cuerpos, el militar y el docente, que no tienen reserva de plaza salvo que haya licencia especial. Las ventajas económicas son nulas, pero si no le hubieran dado esta excedencia no se hubiera venido".

Ángel Pérez, presidente de IU de Madrid, rechazó estas razones: "Se han incumplido las condiciones del decreto que regula estos casos. Lo que se ha hecho es absolutamente inconcebible". Contestó Blázquez: "Si le parece a usted, tal y como está el nivel de funcionarios, prescindimos de los mejores. Todo el proceso lo hemos hecho con limpieza y generosidad". El portavoz del PP, Manuel Cobo, apoyó a su consejero: "Imagino que habrá muchas más personas en este mismo caso. Nos deberíamos fijar en si un militar no puede tener los mismos derechos que el resto de funcionarios". Blázquez fue más lejos y pregunto a IU: "¿Qué creen, que los funcionarios militares son de segunda clase?". Pérez replicó: "¿Cuáles pueden ser los intereses para la Defensa en este caso? A no ser que sean defender el empleo con las armas en la mano..." El socialista Jaime Lissavetzky se mostró cauto: "Habrá que ver si se han respeta do todas las normas".