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Unió propone un grupo de "muy pocas personas" que decida sobre los secretos

Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democrática de Catalunya (UDC), criticó ayer el propósito del Gobierno de que la desclasificación de los secretos de Estado quede en manos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, compuesta por 33 magistrados, y se mostró partidario de que haya una instancia superior que decida, compuesta por "muy pocas personas". Otro miembro de UDC, Manuel Silva, planteó ayer a Jaime Mayor Oreja que este grupo lo formen jueces y representantes del Gobierno.

"La condición de reservado no puede quedar sólo a expensas del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de casos de delitos contra la vida" dijo Josep Antoni Duran Lleida, quien se mostró partidario de que haya otra instancia superior. Pero esta instancia, agregó, "no puede ser toda una Sala del Supremo con 33 magistrado", que "parece un orfeón donostiarra" y donde "es imposible mantener el secreto", sino un organismo en el que sean "muy pocas personas las que decidan".Este mismo criterio fue expuesto ayer al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, en una entrevista preparatoria de la reunión deI Pacto Antiterrorista de Madrid, por otros dos diputados de Unió, socio de la coalición CIU: Josep Sánchez Llibre y Manuel Silva. Silva propuso al ministro la creación de "un órgano Mixto, integrado por representantes del Gobierno y miembros del Poder Judicial", para decidir sobre la desclasificación de los secretos oficiales. En opinión de Silva, el Gobierno no debe tener la última palabra, "pero tampoco es conveniente someter a un control judicial absoluto su actuación de clasificar o desclasificar".

Por su parte, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Xavier Trias, calificó de solución "factible" la posibilidad de que tres magistrados del Supremo zanjen los conflictos sobre secretos. Esta fórmula figuraba en el anteproyecto adelantado por EL PAÍS el pasado día 24, que después fue corregida por el Gobierno para atribuir dicha competencia a la totalidad de la Sala Tercera.

Los socialistas Ciprià Ciscar, Juan Alberto Belloch y Alejandro Cercas criticaron al Gobierno por dejar esta responsabilidad en manos de los jueces, mientras que Pedro Antonio Ríos, de Izquierda Unida, pidió a los populares que concreten el alcance del control judicial de los secretos, "porque están dándole mucho bombo a este asunto".

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