Alcalá y Getafe aceptan el pulso del Gobierno y mantienen la subida de sueldos de sus funcionarios

Las hostilidades se han roto definitivarnente entre el Gobierno de Aznar y las administraciones locales. La Delegación del Gobierno confirmó ayer que el abogado del Estado recibirá esta misma mañana sendos informes jurídicos para que presente recursos contra los ayuntamientos de Alcalá de Henares (163.300 habitantes) y Getafe (143.000), que ayer reafirmaron la subida de sueldo a sus funcionarios. Ambas ciudades se ven así involucradas en la misma guerra judicial que emprendió la semana pasada, por idéntico motivo, Alcorcón, y que puede engrosar en breve San Fernando de Henares. El único consistorio rebelde que ha dado marcha atrás después de las amenazas gubernativas es Humanes.

La certeza de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pende ya, de manera irreversible, sobre los ejecutivos locales de Getafe y Alcalá de Henares. Estaban avisados, pero han dejado vencer todos los plazos sin darse por aludidos. El regidor getafense, Pedro Castro, del PSOE, insistió ayer en el argumento de que los acuerdos "están para cumplirlos", pese a que los 1.200 empleados públicos de su Ayuntamiento aún no han recibido en sus nóminas el aumento de 5,1 puntos que se aprobó en pleno.Así las cosas, Getafe se encuentra en la tesitura de afrontar un recurso gubernamental al mismo tiempo que lidia el malestar de los sindicatos porque el incremento salarial no es una realidad palpable a fin de mes. "Castro, el que más famoso se ha hecho con este tema, está a verlas venir", protestó un portavoz de administraciones públicas de Comisiones Obreras. Y agregó: "Lo suyo ha sido una campaña de mercadotecnia en toda regla".

Alcalá de Henares tampoco ha querido dar marcha atrás, y ello pese a que su gobierno municipal está en manos del PP. El alcalde complutense, Bartolomé González, convocó ayer a los portavoces del PSOE e IU para informarles de las advertencias del delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades. Al final, optaron por hacer oídos sordos, informa .

De esta forma, los 850 funcionarios alcalaínos seguirán disfrutando, de momento, de la subida del 3,5% que les concedió su Ayuntamiento con los votos de la oposición (PSOE e IU) y la abstención del PP. González mantuvo ayer idéntica ambigüedad en su postura. "En el pleno del 18 de noviembre nos abstuvimos; ésa sigue siendo nuestra posición", argumentó.

Otro municipio del corredor del Henares, San Fernando (29.700 habitantes), tiene todas las cartas para convertirse en el cuarto que haya de verse las caras con los abogados del Estado en los tribunales. Y, en su caso, el delegado gubernativo no parece dispuesto siquiera a facilitar el habitual plazo de 20 días para que el Ayuntamiento pueda "corregir" sus planes: se optará por la impugnación directa de las cuentas municipales. El convenio colectivo de los funcionarios de esta ciudad recogía una subida igual al IPC para los próximos cuatro años. En el extremo contrario se encuentra Humanes (8.400 habitantes), que, tras aprobar subidas para sus empleados, ha rectificado a última hora para eludir una impugnación que parecía segura.

Por su parte, los sindicatos de Alcorcón (142.000 habitantes) calificaron ayer de "claro ataque a los trabajadores municipales" el recurso gubernativo que les atañe, informa F. J. Barroso.