Jueces y partidos dejan solo al PSOE y rechazan un "conflicto de poderes" por los 'papeles del Cesid'

Gobierno, PP, IU, PNV y las asociaciones de jueces rechazaron ayer la propuesta lanzada este fin de semana por el portavoz parlamentario del PSOE, Joaquín Almunia, de plantear un "conflicto de poderes" contra la decisión del Tribunal Supremo de levantar el secreto sobre 13 documentos del Cesid relacionados con la guerra sucia contra ETA. Fuentes gubernamentales mostraron su sorpresa por la reacción de Almunia tras lo que consideran "prudentes" declaraciones de otros dirigentes del PSOE. Almunia, pese a ello, se reafirmó: "El Estado no tiene quien le defienda".

Nadie apoya al PSOE ante su propuesta de plantar cara a la Sala Tercera del Supremo para preservar el secreto de Estado. Los populares, desde el Gobierno y desde el partido, apostillan que no atenderán la, sugerencia de Almunia de recurrir a la confrontación para evitar que se levante el secreto de los papeles del Cesid. Junto a, ellos, otros partidos y, por supuesto, los jueces.El portavoz popular en asuntos de Interior, Ignacio Gil Lázaro, descartó la propuesta y apostó por dejar el tema como está: "cerrado y bien concluido". El ministro de Defensa, Eduardo Serra, partidario en su día de mantener secretos estos documentos, ya no discrepa. Desde Washington indicó que "comprende, respeta y acata" la postura del Supremo. En IU el rechazo a la propuesta socialista fue total. La portavoz parlamentaria, Rosa Aguilar, la calificó de "lamentable". El diputado Pedro Antonio Ríos la entendió como un nuevo capítulo de "trabas" a la Justicia y como una "insurrección" al Tribunal, palabras con las que coincidió el máximo dirigente de Nueva Izquierda, Diego López Garrido. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, fue más lejos; insinuó que el PSOE tiene "algo que ocultar".Las asociaciones judiciales no fueron menos contundentes. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, insistió en que se debe acatar la sentencia y tildó la propuesta socialista como propia "del espacio político de pelea". El secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, señaló que plantear un conflicto de poderes sería "un error de primera magnitud" y una invitación a derogar el hecho constitucional de la división de poderes y a desobedecer una resolución judicial. La portavoz de la Asociación Francisco de Victoria, María Tardón, la tildó de "inexplicable" y "'descabellada".Para el PSOE, sin embargo, el Gobierno se ha salido con la suya. Los socialistas ponen más que en duda la sinceridad del Ejecutivo cuando el 2 de agosto tomó la decisión de no desclasificar los papeles del Cesid. "El Ejecutivo estaba pidiendo a gritos la desclasificación", afirma Joaquín Almunia. El portavoz socialista llama la atención sobre el cambio de opinión del fiscal general del Estado y sobre "la inoperancia" de la abogacía del Estado informa Anabel Diez. Conclusión: "El Estado no tiene quién le defienda".

Matizaciones

Sobre el nuevo anteproyecto de ley de Secretos de Estado anticipado ayer por este periódico hubo muchas reacciones. El propio Ejecutivo matizó que lo publicado por EL PAÍS forma parte de un borrador que puede no ser definitivo, y precisó que la comisión que ratificará o revocará la decisión de suministrar o no un documento secreto a un juez no estará integrada por tres magistrados.Parece claro que la regulación definitiva aún no está decidida. Los diarios El Mundo y Abc aseguran en sus ediciones de hoy que, según el anteproyecto del Gobierno, el pleno de la Sala Tercera del Supremo seguirá siendo quien resuelva los conflictos que surjan sobre los secretos de Estado.

Los socialistas, por contra, se retrotraen a la fórmula propuesta por Felipe González en octubre, según la cual los documentos sensibles sólo deben ser examinados por los presidentes del Gobierno, de las Cortes y del Tribunal Supremo. El ex vicepresidente socialista Narcís Serra se manifestó a favor de que sea el Ejecutivo, y no los jueces, el que tenga poder de decisión sobre asuntos relativos a la seguridad del Estado.