Ruiz Gallardón controlará las grandes obras del Plan General

El aluvión de casas que el PP promete no animó a los portavoces de urbanismo de la oposición. José Ramón Sanz (IU): "Lo de los 300.000 pisos es una pura entelequia. No crece la población, pero ustedes dicen que se necesitan todas esas casas. ¿Para quién? Van a crear la ciudad más caótica y congestionada del mundo occidental. Y además no son capaces de reservar la mitad de esas viviendas para la gente que más las necesita". El socialista Abad apoyó estas tesis y pidió una reducción de ladrillos, de 307.000 viviendas a 200.000. El PP tumbó esta propuesta.Abad se desquitó: "El Plan General convierte el suelo en un bien de mercado en manos de privados y no resuelve los problemas de esta ciudad. Madrid sufre una impresionante carga de hormigón y ladrillos, tiene las viviendas más caras de toda España y el mayor número de casas vacías". Su solución: "Trasladar la centralidad al resto de la región".

De actividad económica también habló el consejero de Obras Públicas para añadir más piropos al Plan General: "Los datos son tozudos: se crearán cuatro millones de metros cuadrados más de los que existen ahora para suelo industrial y firmaremos un convenio con el Ayuntamiento para evitar fuga de empresas

Ese convenio terminará de redactarse la próxima semana, aunque sus aspectos fundamentales ya se conocen. Los dirigentes regionales intentarán evitar que los empresarios cierren sus industrias y vendan los terrenos para construir viviendas obligándoles a firmar convenios donde se comprometan a reinvertir sus plusvalías en la región y a mantener los puestos de trabajo.

Los sindicatos dudan de la eficacia de esta fórmula. Alfredo García (CC OO) y Ricardo Rodríguez (UGT) estallaron ayer al conocer las intenciones del PP: "Esos convenios son papel mojado, porque una vez que esté aprobado el Plan General se crean unos derechos sobre los suelos industriales que luego no pueden ser corregidos mediante un convenio".

Entre los trabajadores afectados también cunde el desánimo. Dos empleadas de Zardoya Otis y Flex (industrias que funcionan en Méndez Álvaro y cuyas propiedades han sido recalificadas) asistieron tristes al debate: "Si nadie garantiza que los comités de empresa participen en una comisión donde se negocie el futuro de estas industrias estamos perdidos", señalaron. Una propuesta de IU en este sentido fue rechazada por el PP.