El Supremo confirma la negativa de Móner a pedir los 'papeles del Cesid'

El pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazó ayer por unanimidad el recurso de apelación de la acción popular contra la negativa del juez instructor, Eduardo Móner, a pedir al Gobierno la desclasificación de los papeles del Cesid en el sumario por el caso Marey. La gala desestimó también otros tres recursos contra decisiones del juez relativas a investigar una supuesta reunión en la sierra de Guadarrama entre antiguos altos cargos socialistas; acordar la declaración del vicepresidente Francisco Álvarez Cascos, e instar una comisión rogatoria a Francia para que declaren responsables de la lucha antiterrorista de aquel país.

José Luis Galán, abogado de la acción popular, pidió al pleno de la Sala Segunda del Supremo, integrado por 11 magistrados, que revocasen los autos del juez Móner en los que éste considera innecesario solicitar los documentos del Cesid por estar declarados secretos. Galán insistió en que el sumario no se refiere sólo al secuestro de Segundo Marey, sino también a la financiación, organización y estructura de los GAL: "Estos documentos nos permitirían demostrar", dijo, "que no sólo el Ministerio del Interior está implicado, sino también el Cesid, el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Gobierno".El fiscal José María Luzón, el abogado del Estado Ricardo Miñarro y los abogados defensores de José Barrionuevo y Rafael Vera, Pablo Jiménez de Parga y Manuel Cobo del Rosal respectivamente, se opusieron a dicha petición. El fiscal Luzón explicó que esa prueba es imposible de practicar en este momento al estar los documentos del Cesid clasificados como secretos.

"Procesalmente estamos a ciegas con esta prueba", afirmó el catedrático Cobo del Rosal. Según el defensor de Rafael Vera, si se hubiese ordenado al juez pedir los documentos del Cesid se habría pedido una "prueba prospectiva" que no se acomoda a las exigencias de la prueba lícita.

Declaraciones de Cascos

Los mismos abogados se opusieron a la petición del ex jefe de la lucha contraterrorista Francisco Alvarez, representado por el abogado Manuel Murillo, de que se llame a declarar al vicepresidente Francisco Álvarez Cascos por haber afirmado que los GAL fueron "un terrorismo de bodeguilla".

También se opusieron a la pretensión de la acción popular de investigar una reunión en un chalé del Icona en la sierra de Guadarrama en la que -según el ex dirigente socialista hoy en la órbita del PP, Ricardo García Damborenea- se habría gestado el inicio de las acciones contra ETA. El fiscal pidió que se concluyese cuanto antes el sumario "que está paralizado y en el que no se ha realizado ninguna diligencia relevante y podría estar ya terminado hace varios meses".

Al término de la vista, los 11 magistrados se retiraron a deliberar y a primeras horas de la noche el presidente de la Sala Segunda, José Augusto de Vega, y el magistrado ponente, Joaquín Delgado, comparecieron ante los medios informativos para dar cuenta de que los cuatro recursos de apelación habían sido desestimados por unanimidad. En los próximos dos o tres días se darán a conocer los fundamentos de la resolución.