El PP desautoriza "todo" lo ocurrido en la moción de censura de Melilla

La dirección nacional del PP se pronunció ayer sobre lo ocurrido en los últimos días en Melilla, donde desde el sábado hay dos concejales que se creen alcaldes-presidentes de la ciudad tras un tumultuoso debate de una moción de censura contra el regidor popular Ignacio Velázquez. El coordinador del PP, Ángel Acebes, sólo se atrevió ayer a desautorizar de manera genérica "todo el proceso" de lo sucedido. Indirectamente, Acebes cuestionó a los dos ediles tránsfugas de su partido que alentaron la moción como el desarrollo del pleno, y también el comportamiento del propio Velázquez.

Acebes midió mucho sus palabras para comentar la incierta situación que vive Melilla desde el sábado. Pidió prudencia y afirmó que el PP no actuará hasta que el Gobierno se pro nuncie sobre el caso, probable mente en el Boletín Oficial del Estado de mañana. Ese día se sabrá oficialmente si el alcalde de Melilla continúa siendo Velázquez o si el Gobierno da va lidez al acta que remitirá el se cretario municipal en la que los 13 concejales de la oposición -dos tránsfugas del PP-pro clamaron regidor a Enrique Palacios. El coordinador del PP aseguró ayer: "Estamos por el cumplimiento estricto de la ley, de las normas y de los procedimientos legales establecidos en cualquier democracia; eso sí, sin olvidar la trascendental voluntad de la mayoría de los melillenses". Acebes aludía así a que en las últimas elecciones el PP obtuvo en Melilla 14 concejales frente a 5 del PSOE, el principal partido de la oposición. Y lamentó especialmente que la moción de censura la encabezara un tránsfuga de su partido.

Acebes no comentó el debate de fondo sobre el comportamiento de Velázquez en ese pleno. El alcalde popular de Melilla, Ignacio Velázquez, razonó entonces la validez del decretazo que firmó para anular el voto del candidato tránsfuga en función de que sólo tenía "intereses particulares" para promover la moción de censura. Velázquez se apoyó para ello en varios dictámenes jurídicos y en una sentencia del Tribunal Supremo. Esta resolución ha sido facilitada a este periódico por la base de datos de la revista El derecho.

La sentencia alude al caso de La Fuliola, un pueblo de Lleida, en donde el alcalde, Jaume Ferrer, de CiU, impidió en 1988 el voto en una moción de censura al edil Antoni Vidal alegando que éste tenía un interés personal. El Ayuntamiento había incoado una infracción urbanística a las obras que Vidal había realizado en una granja de su propiedad sin licencia municipal. El Supremo, tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en contra del alcalde, consideró que el cambio de postura política del concejal no era "desinteresado" ni "aceptable".

El Supremo, ya entonces, admitió que todos los concejales tienen intereses particulares y personales ante la discusión de una moción de censura, pero en este caso entendió que los antecedentes del edil ponían "de manifiesto una prevalencia de los intereses privados sobre los públicos" que se estimó "inadmisible". La sentencia se firmó en abril de 1990.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin embargo, no la consideró válida en marzo de 1994 para un acto similar del alcalde de Candelaria. Tampoco el Tribunal Superior de Madrid, en febrero de 1995, por una actuación igual del alcalde de Humanes.

Estos tribunales consideraron que en toda moción de censura "subyace la defensa de un interés general" e "íntimamente conectado un interés particular, unas veces individual, otras partidista, pero, en todo caso, legítimo". También, que no debe admitirse la recusación del voto de un edil por esa razón porque entonces nunca triunfarían las mociones de censura. Y apuntó que esos intereses hay que atribuirlos a los que presentan la moción y a los que la rechazan.