El uso vengativo del Derecho

La venganza, además de ser uno de los sentimientos más estériles que pueden anidar en el ser humano, es una pésima consejera de cualquier poder público cuando tiene que tomar una decisión, por mucho que el ordenamiento le dé pie para cubrir con el manto de la legalidad su actitud vengativa o, mejor dicho, justamente porque el ordenamiento le ofrece fácilmente una posibilidad. Nada hay más perturbador para el buen funcionamiento del Estado de Derecho y para la seguridad de los ciudadanos que el que esto ocurra por parte de cualquier poder público.

Pero este fenómeno se manifiesta en su máxima potencia y con sus consecuencias mas perversas cuando puede existir la sensación entre los ciudadanos de que dicha actitud vengativa puede ser imputada a jueces y fiscales, ya que en tal caso es el instrumento último de garantía de los ciudadanos el que se pone en entredicho, dejando de ser percibido como el guardián natural de los derechos y libertades para pasar a convertirse incluso en una amenaza potencial de los mismos según las circunstancias.

Pienso que tal sensación ha estado presente en el ánimo de buena parte de la sociedad española, en los últimos años. El "ahora te vas a enterar" no parece haber sido ajeno a determinados episodios judiciales de nuestro inmediato pasado.

Pero nunca la sensación había sido tan intensa como lo es ahora tras la ocupación de la Fiscalía General del Estado por Ortiz Úrculo. La utilización de la fiscalía contra los adversarios políticos del Gobierno, o incluso contra quienes no se sabe muy bien por qué el Gobierno considera sus adversarios políticos, es sencillamente escandalosa. Ahí está su intervención ante el Tribunal Supremo pretendiendo interrumpir la deliberación de la. Sala Segunda cuando debatía la posible imputación del anterior presidente del Gobierno; ahí está la forma en que se lanzó sobre la famosa "amnistía fiscal"; ahí está la investigación con base en denuncias anónimas de los empresarios de plataforma digital...

Y lo que es no menos grave: ahí está la utilización de su poder en el interior del ministerio fiscal de una manera que no tiene una justificación objetiva y razonable y de la que, en consecuencia, cabe tener fundadas sospechas de arbitrariedad. Me refiero, concretamente, a la sustitución de Aranda -como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Los pormenores del caso son conocidos y estoy seguro de que los lectores de la columna no necesitan que se les recuerden, pero el resultado final de la operación sí merece un comentario.

No ha habido ni un solo fiscal de prestigio y con una trayectoria profesional intachable que haya solicitado cubrir una vacante tan importante como ]a de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Si había indicios de arbitrariedad en la forma en que se destituyó a Aranda, la forma en que ha habido que sustituirlo no ha hecho más que confirmarlos.

Y este resultado afecta a la "legitimidad" de la Audiencia Nacional como órgano de administración de justicia. Si no hay ni un solo fiscal de prestigio que considere que en la Audiencia Nacional se puede trabajar de la forma en que se debería trabajar, ¿cómo van a confiar los ciudadanos en el trabajo que allí se hace?

La justicia no sólo hay que hacerla, sino que además tiene que parecer que se hace. Cuando la apariencia es vengativa y arbitraria es que algo muy grave ocurre en la administración de justicia. No ha sido una buena semana.